INTRODUCCIÓN
En su reunión anual 2006 en Ciudad de México, la Asociación Internacional de Reguladores de Insolvencia (IAIR, por su sigla en inglés) acordaron que Canadá sería comisionado para preparar un estudio sobre Ingresos y Tarifas de Usuarios.
La Oficina del Superintendente de Quiebras (OSB) ha creado un cuestionario (Apéndice A) con el fin de atender preguntas relativas a Ingresos y Tarifas de Usuarios y mecanismos financieros para reguladores de insolvencia. La OSB ha recibido un número de cuestionarios completos y ha compilado los resultados, los cuales están contenidos en este reporte. Los siguientes países han sido incluidos:
Australia
Islas Vírgenes Británicas
Canadá
Finlandia
Hong Kong
Irlanda
Jersey
Latvia
México
Nueva Zelanda
Rumania
Rusia
Reino Unido-Inglaterra y Gales
Reino Unido-Irlanda del Norte
Estados Unidos
Contexto
El propósito de este estudio es comparar los varios tipos de tarifas y gravámenes cobrados por actividades en el sistema de insolvencia. Este estudio también explora cómo las tarifas y gravámenes son tratados en diferentes países, cómo son establecidos y cómo construyen su propio camino en el marco regulatorio y también si los ingresos son retenidos por las organizaciones.
Más aun, el estudio intenta resaltar el conocimiento que rodea las estructuras de ingreso en diferentes jurisdicciones comparando servicios, estructuras financieras, tarifas y estándares de servicio. El siguiente diagrama sumario ayudará a los lectores a identificar rápidamente los países con las propiedades particulares que deseen estudiar.
Puntos clave para destacar
Algunos puntos sobresalientes se pueden expresar respecto de la forma en que las ganancias y tarifas de usuarios son tratadas en las organizaciones de insolvencia.
- La mayoría de las organizaciones que licencian a profesionales del sector privado para llevar la administración de los estados de insolvencia cargan una tarifa de licenciamiento.
- Sólo un pequeño número de organizaciones registran procdimientos de insolvencia y usualmente se carga una tarifa por el registro.
- Las organizaciones que tienen la responsabilidad por la administración de estados de insolvencia cargan tarifas en la mayoría de los casos, sin embargo esos ingresos normalmente no son retenidos por las organizaciones.
- Algunas organizaciones cargan un impuesto. La mitad de ellas retiene esos ingresos y la mitad, no.
- La mayoría de las organizaciones proveen información de productos o servicios para el público. Algunas cargan tarifas por servicios específicos, pero la mayor parte de los productos de información se pueden encontrar libres de cargo en los sitios web de las organizaciones.
- En organizaciones donde se cargan tarifas, usualmente éstas cubren costas y expensas.
Reportes por Países
AUSTRALIA
Visión General
El Servicio de Insolvencia y Sindicatura de Australia (ITSA, por su sigla en inglés) es una agencia ejecutiva dentro del portafolio del Fiscal General. ITSA administra el sistema de insolvencia personal y no está involucrada en asuntos de insolvencia corporativa. El Jefe Ejecutivo, quien es también el Inspector General en Quiebras, es designado por el Fiscal General y reporta a éste sobre el desempeño de ITSA.
ITSA tiene roles específicos cuando actúa ya sea como Receptor Oficial, Inspector General de Quiebras o Síndico Oficial.
Como Receptor Oficial, su rol es operar el registro de la quiebra, donde las peticiones de los deudores son interpuestas, se procesan las propuestas de acuerdo de deuda y son mantenidos los registros públicos de insolvencia; ejercer los poderes de Receptor Oficial para asistir a los síndicos en obtener información y recuperar propiedad; y proveer información sobre quiebras y sus alternativas.
Como Inspector General de Quiebras, el rol de ITSA es investigar posibles ilícitos bajo la Ley de Quiebras de 1966 y preparar resúmenes de evidencia para la acusación y regular las administraciones y actividad de los síndicos (incluido el Síndico Oficial) y administradores de acuerdos de deuda, incluidos síndicos y administradores de licenciamiento privado.
Como Síndico Oficial, el rol de ITSA es administrar las quiebras personales y los acuerdos de deuda de la Parte IX de y los acuerdos de la Parte X de cuando los síndicos de quiebra privados u otros administradores no son designados; aconsejar al gobierno en las reformas legislativas apropiadas a la Ley de Quiebras y legislación relacionada; y actuar como un síndico especial para agencias gubernamentales, conforme a órdenes judiciales, particularmente a través de localizar, controlar y vender propiedad de acuerdo a Proceeds of Crime Act 1987, Proceeds of Crime Act 2002y Ley de Aduanas de 1901.
Las actividades de ITSA están financiadas por una asignación de fondos del presupuesto. La asignación está basada en términos generales en la carga de trabajo de ITSA. Parte de esos fondos es recuperada en tarifas y cargos gravados por ITSA y pagados en los Ingresos Consolidados.
Los cargos y tarifas cobrados por ITSA están en consonancia con la Política de Recuperación de Costos del Gobierno. En términos gruesos, esta política busca que los usuarios de servicios gubernamentales pudieran genralmente pagar para acceder a esos servicios, a menos que otras consideraciones políticas impliquen que éstos debiesen ser financiados de otra forma (como el Presupuesto) y que dichas tarifas y cargos pudiesen recuperar los costos de los servicios a los cuales están vinculados.
Los cargos y tarifas de ITSA han sido dispuestos en concordancia con esta política desdeel 1 de julio de 2006. Antes de introducir nuevos cargos y tarifas en esa fecha, ITSA condujo una revisión comprensiva de todos los cargos y tarifas. Esa revisión fue desarrollada en conjunto con los stakeholders y se estableció un Grupo de Referencia sobre Recuperación de Costos. El Grupo de Referencia consiste en los cuerpos peak de representación de stakeholders con un interés personal en la insolvencia. La consulta asegura que el proceso para determinar las tarifas y cargos de ITSA sea transparente.
El gobierno decidió no cobrar una tarifa por las presentaciones de petición de los deudores o propuestas de acuerdos de deuda. Esa decisión se estableció sobre la base de que una tarifa podría impedir a los deudores en dificultad económica acceder al alivio que necesitan. Además, en concordancia con la política de recuperación de costos, los costos de ITSA en desarrollar una reforma a la política de quiebra y apoyar al Ministro, no son recuperados en tarifas. Todos los otros servicios proveídos por ITSA están sujetos a tarifas y cargos. Ellos consisten en tarifas directas por los servicios, donde el beneficiario de dicho servicio puede ser claramente identificado y el servicio es proveído directamente a esa persona y un impuesto de industria pagable por los acreedores, el cual cubre varios costos asociados a la integridad del sistema[1].
ITSA no retiene ninguna parte de los retornos por tarifas y cargos.
Licenciamiento Profesional
ITSA requiere que los síndicos y administradores de acuerdos de deuda estén registrados. Las decisiones se basan en las calificaciones de los postulantes, experiencia y conocimiento como se describe en la legislación. Una aplicación para registro de síndico es considerada por un comité que consiste en el Inspector General o su delegado, otro empleado del Servicio Público Australiano y un representante de la Asociación Australiana de Profesionales de Insolvencia. Una aplicación para el registro de administradores de acuerdos de deuda es considerada por el Inspector General o su delegado.
El registro dura tres años y puede renovarse por periodos adicionales de tres años. La renovación del registro no involucra entrevistas adicionales y es concedida después del pago de la tarifa correspondiente.
Los estándares de servicio son establecidos por la legislación, los cuales requieren que una decisión sobre registro como síndico sea hecha dentro de 60 días de entrevistado un postulante y una decisión de registro como administrador de acuerdo de deuda, dentro de los 60 días a contar de que es hecha la postulación.
La estructura de tarifas de licenciamiento está basada en el concepto de que el beneficiario de este servicio es el síndico o el administrador (o la persona que aplica para el registro). Por ende, es apropiado que los costos de proveer ese servicio sean costeados por esa persona sobre una tarifa basada en el servicio.
La estructura tarifaria del licenciamiento reconoce el trabajo involucrado en considerar postulaciones, registrar profesionales (lo cual incluye mantener registros) y renovar el registro. Las tarifas cubren los costos totales acumulados que son atribuibles a la provisión de ese servicio. Éstos incluyen salarios y costos asociados a los empleados que realizan el trabajo, depreciación, propiedad, etc., tanto como la proporción relevante de los gastos generales corporativos. Todas las tarifas y cargos de ITSA son revisados bianualmente para asegurar que se mantienen en un nivel que reconoce los costos de proveer los servicios a los que están relacionados.
Las tarifas pagables en relación al registro de un síndico y de un administrador de acuerdos de deuda son las mismas. La tarifa de aplicación está establecida en AU $ 2000, la tarifa de registro (si la postulación es exitosa) en AU $1200 y AU $1200 por renovar el registro cada tres años. Sin embargo, ITSA no retiene estos ingresos.
Registro de Procedimientos
El proceso de registro puesto en marcha requiere que las peticiones de los deudores sean archivadas con el Receptor Oficial quien las acepta si los requerimientos estatutarios son cumplidos. El peticionario llega a estar en quiebra cuando la petición es aceptada. La quiebra es registrada en el Índice Nacional de Insolvencia Personal (NPII, por su sigla en inglés). Si una persona es puesta en quiebra sobre una orden de embargo, el acreedor peticionario debe proveer una copia de la orden al Receptor Oficial. La quiebra es luego registrada en el NPII.
Para propuestas de acuerdos de deuda, se requiere el archivo con el Receptor Oficial para su procesamiento. La propuesta es aceptada para procesamiento si los requerimientos estatutarios son satisfechos y el Receptor Oficial procesa la propuesta a través de la notificación a los acreedores, la conducción del proceso de votación y la notificación del resultado. Las propuestas de acuerdo de deuda y los acuerdos de deuda resultantes después son registrados en NPII.
Un deudor que desea entrar en un acuerdo de insolvencia personal bajo la Parte X de la ley ejecuta una autoridad en favor del síndico controlador que toma control de los asuntos del deudor, investiga esos asuntos y establece la propuesta a los acreedores. Esa autoridad debe ser registrada con el Oficial Receptor, quien registra el hecho de que la autoridad fue otorgada en el NPII. Donde un acuerdo de insolvencia personal es subsecuentemente hecho, un síndico es designado y este síndico debe proveer una copia al Receptor Oficial, quien registra el hecho de que el acuerdo fue establecido en el NPII. No hay tarifas por procesamiento de peticiones de deudores o propuestas de acuerdo de deuda. Esos servicios son solventados por los contribuyentes. Sin embargo, una tarifa es pagable por procesar una propuesta bajo la Parte X.
Los estándares de servicio que son establecidos para las peticiones de deudor, propuestas de acuerdos de deuda y propuestas de acuerdos de insolvencia personal, son establecidos por la Carta de Servicio al Cliente de ITSA, el cual promete aceptación dentro de un día de recibidos los documentos apropiadamente completados. Respecto a propuestas de acuerdo de deuda, la Carta promete que dicha propuesta será enviada a los acreedores para su voto dentro de cinco dias de aceptada la propuesta y que el deudor será informado sobre el ingreso dentro de cinco días después del fin de la votación.
El gobierno decidió no imponer tarifas sobre los deudores para procesar peticiones de éstos y propuestas de acuerdo de deuda. Se decidió que hacer eso proveeria un desincentivo a los deudores para acceder al alivio proporcionado por la quiebra y otras formas de insolvencia personal. Este objetivo de política de insolvencia personal suprime la política de recuperación de costos y esos servicios son financiados por los contribuyentes. Sin embargo, hay una tarifa cobrada por procesar una propuesta de Parta X.
La tarifa cobrada por propuestas de la Parte X cubre los costos totales acumulados atribuibles a proveer este servicio. Esto incluye salario y costos asociados a los empleados que hacen el trabajo, depreciación, propiedad, etc., tanto como la proporción relevante de gastos generales corporativos. Todas las tarifas y cargos de ITSA son revisados bianualmente para asegurar que permanecen en un nivel que recupera el costo de proveer los servicios con los cuales está relacionado. La tarifa por registro y control de la autoridad del síndico se establece en AU $200, sin embargo, este ingreso no es retenido por ITSA.
Administración de Estados de Insolvencia
El Síndico Oficial administra estados de quiebra, acuerdos de insolvencia personal y acuerdos de deuda donde no se ha designado un síndico o administrador registrado (privado). Esto incluye la mayoría de los estados de quiebra, los cuales no contienen activos, no pagarán dividendos a los acreedores y no generarán tarifas para un síndico u otro administrador. También incluye la administración de estados de quiebra los cuales potencialmente tengan activos realizables o pudieran involucrar posibles ilícitos de quiebra donde investigaciones adicionales pudiesen indicar que no hay activos realizables. También incluye administraciones con cesaciones de pago al Síndico Oficial cuando un síndico o administrador es sacado del registro, muere o es de algún otro modo incapaz de continuar la administración. El Síndico Oficial tiene las mismas obligaciones como los síndicos y administradores registrados.
El Síndico Oficial es remunerado sólo cuando los activos son realizados. El costo de administrar estados sin activos y conducir preliminarmente investigaciones donde puede haber activos o ilícitos es financiada a través de la asignación anual de ITSA, sobre la base de que ello contribuye a la integridad del sistema. Sin embargo, no se establecen estándares formales de servicio para la administración de estados de insolvencia.
La tarifa de administración es estructurada considerando que donde una administración resulta en realizaciones, es apropiado que los costos de administrar es materia queden fuera de los fondos disponibles (efectivamente por los acreedores) sobre una tarifa por servicios base. El costo de conducir preliminarmente investigaciones en estados que puedan tener activos o puedan envolver ilícitos de quiebra es recuperada a través de los cargos por realizaciones. El costo de procesamiento de estados que no tienen activos y que son administrados por el Síndico Oficial es de pago de los contribuyentes.
Las tarifas recuperan el total de los costos acumulados atribuibles a proveer este servicio. Esto incluye salario y costos asociados de los empelados que hacen el trabajo, depreciación, propiedad, etc. tanto como la proporción relevante de los gastos generales corporativos. Los costos legales y otros desembolsos incurridos en relación con una materia son cargados directamente al estado. Como se estableció permanentemente, todas las tarifas y cargos de ITSA son revisados bianualmente para asegurar que permanecen en un nivel que recupera el costo de proveer los servicios con los cuales están relacionados.
Las tarifas de administración dependen del tipo de estado de insolvencia. Para estados de quiebra la tarifa es de AU $3000 más 20% de dinero recibido (cuando una administración de quiebra incluye el manejo de los negocios del deudor, una tarifa adicional de AU $50 por 15 minutos aplica por el tiempo gastado en esa función). El contrato de post-quiebra es establecido al 20% del valor de la propuesta aceptada por los acreedores. Las tarifas por acuerdos de deuda se establecen al 20% del valor de la propuesta aceptada por los acreedores. Cuando toman el control las autoridades bajo la Parte X se cobra AU $50 por 15 minutos o parte de ellos y los acuerdos de insolvencia personal están al 20% del valor de la propuesta aceptada por los acreedores. ITSA no retiene estos ingresos.
La corte no carga tarifas a ITSA durante la administración de estas presentaciones. Sin embargo, tarifas por presentaciones a la corte son impuestas sobre los acreedores peticionarios.
Como se estableció previamente, el costo de procesar estados que no tienen activos y que son administrados por el Síndico Oficial es de cargo de los contribuyentes.
Impuesto
Hay un impuesto que es cargado por ITSA por presentaciones de insolvencia. Un “cargo de realización” es pagable por los síndicos y administradores al final de cada año financiero. Éste es un porcentaje de montos realizados en estados de quiebra, acuerdos de post-quiebra, acuerdos de deuda y acuerdos de insolvencia personal. La cantidad pagable es establecida por el síndico o administrador e ITSA concilia esto con la información provista al final de cada año acerca de estados individuales para asegurar que se paga el monto correcto.
Adicionalmente, a los síndicos y administradores se les solicita el pago de un “cargo de interés”, el cual es el interés neto ganado sobre los fondos mantenidos en sindicatura por síndicos y administradores cada año. A los síndicos y administradores se les solicita pagar las ganancias de realizaciones dentro de una sola cuenta con intereses y remitir el interés cada año a la Commonwealth. Sin embargo, no se han establecido estándares formales de servicio para manejar el impuesto.
El impuesto es estructurado sobre la base de que los servicios cubiertos por el impuesto aumentan la integridad del sistema. Los acreedores como grupo se benefician de ello y no es posible determinar, en una materia particular, el costo de proveer el servicio. Así, resulta apropiado que los acreedores cubran esos costos a través de la imposición de un impuesto pagable con prioridad sobre otro pagos (incluyendo remuneración del síndico o administrador y los dividendos a acreedores).
El cargo por realizaciones es designado para recuperar un número de costos. Éstos incluyen monitoreo de cumplimiento de los síndicos y administradores de acuerdos de deuda con sus obligaciones legislativas; revisiones de ciertas decisiones de los síndicos por el Inspector General; investigaciones preliminares en estados de quiebra con potenciales realizaciones; investigación de posibles ilícitos de deudores, acreedores y otros; y provisión de información de cambios legislativos, asuntos relacionados, prácticas y procedimientos de profesionales de la insolvencia, acreedores y consejeros financieros.
La revisión del impuesto es consistente con la revisión de otras tarifas y cargos como todos los de ISA y revisados bianualmente para asegurar que se encuentran en un nivel que recupera el costo de proveer los servicios con los cuales está relacionado. El impuesto es establecido al 3.5% de las realizaciones en quiebras, acuerdos de deuda y arreglos de insolvencia personal; sin embargo, ITSA no retiene estos ingresos.
Productos y Servicios de Información
ITSA provee un rango de productos y servicios de información como mantención de registros públicos de quiebra y provisión de productos y servicios de información general. La primera categoría consiste en mantener el NPII y proveer acceso a cierta información públicamente disponible acerca de materias individuales (como el estado de los asuntos de deudores y quiebras). Hay tarifas asociadas con estos servicios.
La categoría de información general incluye productos de información y capacitación para aquéllos en el sector, estadísticas trimestrales, un Perfil Bianual de Deudores y un rango de publicaciones explicando cómo trabaja ITSA. No hay tarifas por esos servicios aunque algunos de los costos son recuperados en los cargos de realización.
El Inspector General tiene una responsabilidad estatutaria para mantener el NPII y proveer acceso a esa información. Acceso a información NPII es proveída por ITSA tanto como un número de organizaciones comerciales actuando como agentes de ITSA. El Receptor Oficial es responsable de mantener archivos sobre materias individuales y proveer acceso sobre requerimiento.
No hay estándares de servicio que consideren la puntulaidad de la entrega de información NPII. Sin embargo, la Carta de Servicio al Cliente de ITSA promete que la información será precisa y fácilmente accesible para el público por una tarifa y que el NPII será actualizado dentro de un día de recibida la información. La Carta también establece que por una tarifa, ITSA proveerá acceso a todos los registros públicamente disponibles de cualquier quiebra u otra insolvencia personal bajo el Acta de Quiebra.
La determinación de las tarifas relacionadas con los productos y servicios de información están basados en el hecho de que el beneficiario de los servicios por los cuales las tarifas son cobradas (obteniendo información NPII y acceso a la información pública sobre materias individuales) es la persona que solicita acceso. Es apropiado que el coesto de entregar el servicio sea recuperado de esa persona sobre la base de una tarifa por servicio. Las tarifas cubren los costos totales acumulados atribuibles a proveer ese servicio. Esto incluye salario y costos asociados a los empleados que hacen el trabajo, depreciación, propiedad, etc., tanto como la proporción relevante de gastos generales corporativos. Como la tarifa es impuesta para recuperar costos, en línea con la política gubernamental, materias como el valor de mercado del a información no fueron consideradas.
La estructura de tarifa reconoce las diferentes vías en la cuales NPII es proveída. Específicamente, entrega acceso directo en una oficina de ITSA, acceso a través de un agente que luego provee la información al requirente, y una provisión general regular de información a través del Servicio de Reporte de Insolvencia Personal (PIRS, por su sigla en inglés).
El acceso a la información públicamente disponible mantenida por el Receptor Oficial se produce sobre una base ad hoc. No ha tarifa pagable por un acreedor que requiere acceso a esta información sobre la base de que un acreedor tiene derecho a la información. Sin embargo, la tarifa es pagable si es requerida por otros miembros del público. Estas tarifas son también revisadas bianualmente para asegurar que permanecen en un nivel que recupera el costo de proveer los servicios con los cuales están relacionadas.
Las tarifas actualmente puestas en práctica por NPII son de AU $22 por hojear una lista y AU $22 por extracto para búsquedas conducidas en las oficinas de ITSA, AU $14 por cada acceso a NPII por agentes, AU $1,62 por registro para clientes PIRS y AU $20 más AU $2 por página copiada por inspección de documentos públicos. Las tarifas son siempre cobradas donde ellas aplican. Sin embargo, ITSA no retiene estos ingresos.
Por las restricciones respecto a redistribución, los acuerdos de ITSA con clientes PIRS establecen que ellos deban usar la información sólo para el propósito de determinar la quiebra y no pueden usar o reusar los antecedentes para ningún otro objetivo. Los acuerdos de ITSA con agentes de búsqueda genera que éstos puedan porveer los datos sólo para sus clientes por una tarifa.
Tarifas o Ingresos de Otras Actividades o Servicios
Entre otras acticidades o servicios que ITSA provee, el Receptor Oficial tiene la facultad de decretar una “Advertencia de Quiebra”. Ésta puede ser publicada cuando el acreedor ha obtenido una sentencia judicial por una deuda que permanece impaga. Si el deudor cumple con la advertencia de quiebra, éste es un acto de quiebra que puede ser usado como base para la petición de un acreedor y llevar a una orden de embargo contra el deudor. El no cumplimiento con el aviso es el acto más común de quiebra del que dependen los acreedores para hacer a un deudor quebrar.
Por estándares de servicio, el Diagrama de Servicio al Cliente de ITSA promete que ITSA establecerá advertencias de quiebra dentro de un día de recibir apropiadamente la disposición escrita y será responsable de los requerimientos de correcciones y extensiones detiempo.
El el caso de las advertencias de quiebra, hay dos beneficiarios de este servicio. Uno es el acreedor que solicita que la notificación sea decretada. Es conveniente que el costo sea recuperado desde el acreedor que lo postula, como una tarifa basada en el servicio. El otro es el cuerpo de acreedores que tienen la posibilidad de establecer sus deudas fuera de la quiebra con la ayuda de la advertencia de quiebra. En esos casos, los acreedores se benefician de la efectividad de los aspectos regulatorios y de cumplimiento legal del sistema de quiebra sin tener que pagar los cargos de realización porque el deudor no llega a estar en quiebra o entrar en alguna otra forma de administración de insolvencia personal. Para asegurar a los acreedores que pagan los cargos de realización que no subsidiarán a los acreedores que obtengan un resultado usando la advertencia de quiebra, el 25% de los costos recuperados a través de los cargos de realización está incluido en los costos que son recuperados por tarifas pagables por decretar advertencias de quiebra.
Las tarifas recuperan el total de los costos acumulados atribuibles a la provisión de este servicio. Ello incluye salario y costos asociados de los empeados que hacen el trabajo, depreciación, propiedad,etc., tanto como la proporción relevante de los gastos generales corporativos. Todas las tarifas y cargos de ITSA son revisados bianualmente para asegurar que permanezcan en un nivel que recupere el costo de proveer los servicios con los cuales se relaciona. La tarifa cargada por decretar un aviso de quiebra se establece en AU $400 y la postulación por extensión del tiempo para el servicio de aviso de quiebra se establece en AU $100. Sin embargo, ITSA no retiene esos ingresos.
Otra actividad que genera una tarifa o ingreso son las facultades del Receptor Oficial para asistir a los síndicos. El Receptor Oficial tiene un número de poderes coercitivos para asistir a los síndicos en la administración de los estados. Estas facultades son ejercidas por el Receptor Oficial en el requerimiento de un síndico. Ellas incluyen acceso a lugares acompañados por el síndico; declaración de comunicaciones para el pago de una tercera parte de los ingresos de contribucionees; y declaración de comunicaciones para la recuperación de las transferencias de propiedad nulas (bajo los antecedentes de provisiones de transacción). El Diarama de Servicio al Cliente de ITSA promete que el staff asistirá a los síndicos de quiebra en administrar quiebras a través de la declaración de anuncios dentro de un día de establecido aquél.
El beneficiario de esos servicios es el síndico en representación del estado de quiebra. Es apropiado que el síndico cancele esos costos, fuera del estado de quiebra, con una tarifa basada en servicios. La tarifa cubre los actuales costos atribuibles a proveer este servicio. Esto incluye salario y costos asociados de los empleados que hacen el trabajo junto a una proporción relevante de los gastos generales corporativos. Todas las tarifas y cargos de ITSA son revisados bianualmente para asegurar que permanezcan en un nivel que recupere el costo de proveer los servicios con los cuales se relaciona. Aunque una tarifa es cargada en AU $400 más AU $50 por 15 minutos o la parte correspondiente si se excede de 2 horas, ITSA no retiene los ingresos asociados a este servicio.
Otro servicio que ITSA provee incluye la imposición de gravámenes a los costos de los síndicos y remuneración. El Inspector General tiene la facultad de gavar la remuneración de un síndico y o los costos de administrar un estado. Debe hacer una postulación y el Inspector General designa un funcionario de impuestos que conduce el proceso. El funcionario puede ser un empleado de ITSA o alguien externo a la organización. No hay estándres formales de servicio que apliquen para esta función.
El beneficiario de este servicio es la persona que requiere el impuesto y es apropiado que el postulante cancele los costos de una tarifa por este servicio. La tarifa cubre el total de costos atribuibles a proveer este servicio. Ello incluye salario y costos asociados de los empleados que hacen el trabajo junto a una proporción relevante de los gastos generales corporativos. Todas las tarifas y cargos de ITSA son revisados bianualmente. La tarifa establecida para este servicio es de AU $50 por 15 minutos o la parte que corresponda aunque estos ingresos no son retenidos por ITSA.
Hay también otros tipos de administraciones de los que se preocupa ITSA. El Síndico Oficial también administra otras materias fuera de los procedimientos usuales de quiebra. Ellos incluyen propiedad bajo los procedimientos de la legislación criminal; órdenes de control de pre-quiebra; y administraciones “especiales” para otras agencias gubernamentales (como la de Apoyo Infantil o Aduanas) las que usalmente involucran la venta de propiedad de acuerdo a una orden de la Corte.
No hay estándares especificos de servicio que apliquen a estos tipos de administración. En relación con las administraciones “especiales”, esto puede ser cubuerto en el acuerdo con la otra agencia involucrada.
La tarifa es estructurada considerando que el beneficiairo del servicio es la persona o agencia en cuya representación la propiedad es administrada y es apropiado que el postulante cancele los costos de una tarifa sobre la base del servicio. En el caso de procedimientos derivados de órdenes criminales, los costos de administración son pagables al Síndico Oficial antes de que el balance sea pagado a otros fondos gubernamentales. Esta tarifa cubre los costos reales atribuibles a proveer este servicio. Ello incluye salario y costos asociados de los empeados que hacen el trabajo, depreciación, propiedad,etc., tanto como la proporción relevante de los gastos generales corporativos. Estas tarifas son revisadas bianualmente para asegurar que permanezcan en un nivel que recupere el costo de proveer los servicios con los cuales se relaciona.
La tarifa cargada por procedimientos de crimen y órdenes de control de pre-quiebra está establecida en AU $50 por 15 minutos o la parte que corresponda y la tarifa por administraciones “especiales” se establece por acuerdo con la otra agencia dependiendo del trabajo que se desempeña.
ITSA no retiene estos ingresos. Sin embargo, las administraciones “especiales”, un servicio fuera del rol formal de ITSA, y las tarifas percibidas y retenidas y usadas directamente por ITSA, son diferentes de las tarifas estatutarias aplicadas a sus funciones nucleares. El ingreso percibido representa una minúscula proporción del total de ingresos colectados, el cual corresponde a menos de AU $0.2m fuera del total de ingresos que exceden los AU $24m.
ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
Visión General
La Comisión de Servicios Financerios de las Islas Vírgenes Británicas (BVIFSC, por su sigla en inglés) es una agencia regulatoria autónoma del gobierno de las Islas Vírgenes Británicas (BVI). Es una corporación estatutaria formada bajo las disposiciones de la Ley de Comisión de Servicios Financieros de 2001.
El 1 de enero de 2002, la BVIFSC asumió el control de las funciones del Departamento de Servicios Financieros del gobierno de las Islas Británicas. El depósito de licencia y otras tarifas de entidades reguladas y tarifas de registro anual de compañías (a través del Registro de Asuntos Corporativos) ahora forman parte de las funciones de la organización.
La disposción de fondos del presupuesto se decide cada año a través de BVIFSC y el gobierno. De ese presupuesto, la organización determina qué porcentaje de licenciamiento y tarifas de registro de compañías serán retenidas. La BVIFSC puede retener esas tarifas con el fin de cubrir sus costos y gastos, en vez de tener que omitirlos para el gobierno.
La División de Servicios de Insolvencia, una división que es parte de BVIFSC, cobra varios tipos de tarifa. Ellas incluyen una licencia anual de insolvencia a los profesionales de insolvencia; una tarifa de postulación para los procesos de licenciamiento de profesionales de insolvencia; y está también establecido imponer sanciones regulatorias respecto de violaciones a la legislación aplicable o a los estándares.
En adición a su rol regulatorio, la BVIFSC desgna y provee apoyo e infraestructura para un Receptor Oficial (RO). El RO es instituido para cobrar tarifas en casos de insolvencia para los cuales está desingado. Al respecto, las tarifas cargadas por el RO están sujetas a la disponibilidad de activos en el estado de insolvencia.
Licenciamiento Profesional
La BVIFSC licencia a los profesionales de insolvencia para conducir la administración de los estados de insolvencia. La postulación para llegar a ser un profesional licenciado debe completarse en la forma prescrita y seguir criterios específicos. Específicamente, los profesionales deben ser residentes de las Islas Vírgenes Británicas; deben ser aptos; deben tener las calificaciones apropiadas y la experiencia; y tener alguna forma de aseguramiento (como un seguro de indemnización profesional).
Una vez que la postulación ha sido procesada, la recomendación de la División es aceptada o declinada por el Comité Licenciador y Supervisor de BVIFSC. No hay estándares formales de servicio para el proceso de licenciamiento.
Sin embargo, la tarifa de licenciamiento fue establecida al tiempo que el licenciamiento de los profesionales fue introducida. La estructura de la tarifa fue determinada como el resultado de un ejercicio de comparación de estándares (benchmarking) sobre otras jurisdicciones que también licencian a estos profesionales. Las tarifas mecionadas no fueron designadas para recuperar ningún costo específico o grupo de costos.
La revisión de BVIFSC de las tarifas de licenciamiento no está determinada aún, sin embargo, la intención actual no es revisarlas por al menos 3 años. La tarifa de licenciamiento está establecida en la actualidad en US $2500 por año para una licencia completa. Como fue discutido previamente, una porción del ingreso total originado por tarifas de licenciamiento son retenidas por BVIFSC.
Registro de Acciones Judiciales
BVIFSC no regisra acciones judiciales de insolvencia.
Administración de Estados de Insolvencia
La responsabilidad de BVIFSC por la administración de estados de insolvencia está vinculada a la designación del Receptor Oficial. De hecho, el RO puede ser designado por la Corte como un liquidador, un liquidador provisional, un receptor o un síndico en quiebra. No se han establecido estándares formales de servicio a este respecto.
En concordancia con la Ley de Insolvencia de las Islas Vírgenes Británicas, el RO carga tarifas sobre la misma base que el sector privado de insolvencia lo haría. Específicamente, ellos cobran tarifas sobre una base horaria como un porcentaje de liquidaciones. La tarifa horaria de RO se determina como resultado de un ejercicio de comparación que consideró los profesionales del sector privado. Ellos intentan estar en línea con las tarifas cargadas en el sector privado. Las tarifas administrativas son designadas para pagar (más que recuperar) los costos de las funciones de RO y gastos generales del staff. Más aún, la mayoría de los casos del RO carecen de activos y por ello las tarifas son generadas sólo en una minoría de casos. Para costos asociados con el manejo de estados de insolvencia que no generan fondos suficientes para cubrir los costos y gastos, dichos costos son actualmente cubiertos por BVIFSC. No se ha establecido política para revisar las tarifas de adminisración, sin embargo, es probable que ellas sean revisadas cada dos o tres años.
En cuanto a la retención de tarifas para administrar estados de insolvencia, la aplicación de tarifas de RO permanece sujeta al acuerdo entre BVIFSC y el gobierno de las Islas Vírgenes Británicas. La corte no carga tarifas a BVIFSC u otras organizaciones durante la administración de un estado de insolvencia.
Impuesto
La BVIFSC no carga ningún impuesto.
Información de Productos y Servicios
El Receptor Oficial tiene que mantener un registro de Órdenes de Restricción de Quiebra y los Compromisos de Restricción de Quiebra en relación con la sección 418 de la Ley de Insolvencia de 2003. Éstos tienen aplicación a los procedimientos de insolvencia personales más que corporativos. No hay estándares formales aplicables a este registro y el servicio es gratis, aunque provisiones estatutarias establecen una tarifa a cargarse si se requiere. Adicionalmente, no se imponen restricciones respecto a la redistribución de la información.
Tarifas o Ingresos por Otras Actividades o Servicios
No se reciben otras tarifas o ingresos.
CANADÁ
Vision General
La autoridad de Superintendente de Quiebra (OSB, por su sigla en inglés) corresponde a una agencia de Canadá Industria, un Ministerio del Gobierno de Canadá. Tiene como tareas la supervisión de la administración de todos los estados y materias a los cuales la Ley de Quiebra e Insolvencia (BIA, por su sigla en inglés) se aplica en Canadá, incluyendo porcedimientos de quiebra para individuos y corporaciones, propuestas comerciales (reorganizaciones), propuestas de consumidores y recepturías.
En el régimen canadiense, la mayoría de los gastos de los Ministerios son cubiertas por asignaciones que corresponden a a dineros votados por el Parlamento de Canadá de los ingresos por impuestos generales. Generalmente, los ingresos del pago de tarifas y cargos debe depositarse dentro del Fondo de Ingresos Consolidados del Gobierno de Canadá. Una organización que desea gastar sus ingresos debe tener una autorización específica del Parlamento para hacerlo.
La OSB se convirtió en la Agencia Operativa Especial (SOA) del gobierno federal en 1997. El estatus de SOA establece que OSB tenga la capacidad de usar sus ingresos para desarrollar su mandato. De acuerdo a ello, OSB puede pagar gastos operacionales en que incurra en un año fiscal, fuera de los recibos derivados de tarifas e impuestos percibidos durante el mismo año fiscal. El ejercicio de su autoridad y actividades administrativas son pagadas casi exclusivamente con fondos de tarifas e impuestos que recolecta.
Como parte de las acciones para la recuperación total de costos, la OSB revisó todas las tarifas en 2001. También chequeó las medidas para reducir costos y mejorar las actividades de cumplimiento de OSB.
En 2004, el gobierno canadinese adoptó una nueva legislación respecto a las tarifas cobradas por una autoridad regulatoria de gobierno para suministrar productos y servicios. Esta nueva legislación dispone mayor transparencia en la recuperación del costo y el establecimiento de tarifas por actividades de autoridades regulatorias, a través del requerimiento de comprometerse en consultas adicionales con usuarios del servicio antes de inroducir o modificar tarifas. Esta nueva legislación también establece que la autoridad regulatoria debe determinar los estándares de servicio contra los cuales puede medirse el desarrollo de la autoridad regulatoria. Adicionalmente, la legislación promueve la comparación (benchmarking) con otros países.
Licanciamento Profesional
La OSB licencia a los profesionales del sector privado para desarrollar la administración de estados de insolvencia. Éstos son profesionales que cumplen los criterios y calificaciones específicos para obtener y mantener una licencia de síndico respecto a los requerimientos del Superintendente como especifica la Directiva 13R. La OSB licencia ambos síndicos, individuales y corporativos, para administrar los archivos de insolvencia.
Con el fin de llegar a ser un síndico individual de quiebra, los interesados deben cumplir un número de pre-requisitos. Específicamente, esto incluye que un postulante debe: no ser insolvente y no haber tenido un estado de insolvencia dentro de los cinco años precedentes a la fecha de postulación; poseer un grado universitario canadiense o su equivalente, o mantener una designación profesional relevante reconocida en Canadá o tener un mínimo de cinco años de experiencia laboral relevante; haber completado exitosamente el Programa Nacional de Calificación de Insolvencia y la Examinación Nacional de Insolvencia; haber completado exitosamente el Curso de Calificación del Consejo de Insolvencia, como está establecido por el Superintendente de Quiebra; tener buenos antecedentes y no estar sujeto a ninguna acción disciplinaria actual por alguna organización profesional de la cual el postulante sea miembro.
El Programa de Calificación Nacional de Insolvencia (NIQP) fue creado en 1997 para proveer un programa nacional de entrenamiento con el fin de calificar síndicos. Éste fue creado como un acuerdo entre la OSB y la Asociación Canadiense de Insolvencia y Profesionales de Reestructuración (CAIRP) en orden a incrementar el nivel de conocimiento de profesionales de insolvencia. El NIQP es un proceso de educación conjunta de tres años que consiste en un cuerpo de conocimiento, un curso prescrito de estudio, un tutorial, examinaciones escritas, Examinación de la Insolvencia Nacional (NIE) y una examinación oral ante la Junta de Examinadores.
El NIQP tmabién maneja el curso de Calificación del Consejo de Insolvencia (ICQC), el cual debe ser exitosamente completado para proveer sevicios de consejería a los deudores como se estipula bajo el BIA.
Los individuos tienen 10 años desde la fecha de inscripción para completar el NIQP, con no más de tres intentos en alguna examinación, incluyendo la NIE y la examinación oral ante la Junta.
La estructura de tarifa de licenciamiento fue determinada después de tomar en cuenta las tarifas profesionales comparables para aquellos frente a otras asociaciones profesionales en Canadá.
La tarifa de licenciamiento es pagable sobre la garantía de una licencia de síndico y la tarifa de renovación es pagable al 31 de diciembre de cada año. La tarifa inicial es CAN $300 y la de renovación anual es CAN $850. Esas tarifas no son retenidas por la OSB, son remitidas al gobierno de Canadá.
Registro de Acciones Judiciales
El personal de OSB registra las acciones judiciales de insolvencia llevadas a cabo bajo la BIA, como quiebras, propuestas y recepturías. La mayoría de las acciones son archivadas electrónicamente. Sin embargo, hay procedimientos específicos de insolvencia que deben ser archivados en formato papel como recepturías y contratos de quiebra. Las tarifas de registro descritas abajo son pagadas al comienzo del proceso de insolvencia dado que es en ese momento cuando la mayor parte del trabajo se realiza.
El estándar de servicio sobre registro de acciones judiciales de insolvencia establece que los registros en papel sean completados dentro de dos días laborales. No se han establecido estándares de servicio para registros electrónicos, de modo que la mayoría son revisados electrónicamente y se les provee de respuesta inmediata. Las propuestas comerciales y procedimientos de quiebra para corporaciones, aunque son recibidas electrónicamente, de todos modos necesitan del involucramiento de un funcionario.
Las tarifas de registro son determinadas bajo las Reglas Generales de Quiebra e Insolvencia. Las tarifas de registro varíanm desde CAN $70 hasta CAN $150 por estado, de acuerdo al tipo de procedimiento. Específicamente, la OSB carga CAN $75 por administración sumaria de quiebras; CAN $150 por repetir administraciones sumarias de quiebra; CAN $150 por administraciones ordinaris de quiebra; CAN $75 para cambiar desde administración sumaria a ordinaria; CAN $100 por propuestas de consumidor; CAN $150 por propuestas comerciales y CAN $70 por recepturías.
En 2006-2007, los recibos por tarifas de registro totalizaron CAN $9,3 millones. La OSB retiene esas tarifas para financiar sus operaciones.
Administración de Estados Insolventes
BIA establece que una de las responsabilidades de OSB es “supervisar la administración de todos los estados y materias a los cuales esta Ley aplica”. Sin embargo, es responsabilidad del síndico administrar los estados de insolvencia incluyendo la liquidación de activos. Cuando los estados de insolvencia están en riesgo a causa de las acciones de un síndico, la OSB puede, a pesar de la dictación de medidas de conservación, designar otro síndico para controlar la administración de los archivos y manejar la propiedad del estado con el fin de protegerlo.
Los procedimientos de insolvencia comercial son presentados en la corte local. Sin embargo, la mayoría de las insolvencias de consumidores, especialmente administraciones sumarias de quiebra y propuestas de consumidores, no son generalmente presentadas en la corte. Sólo si un procedimiento legal es comprometido durante el curso de la administración de esos estados ellos son presentados ante la corte.
Respecto a las Reglas Generales de Quiebra e Insolvencia, las tarifas pagables a los funcionarios de la corte al tiempo de abrir una presentación varían desde CAN $50 a CAN $150 dependiendo del procedimiento de insolvencia. Otras tarifas también son pagables pero se basan en la corte local.
Impuesto
El impuesto del Superintendente representa un porcentaje de los dividendos distribuidos a los acreedores y es pagado generalmente a la OSB al cerrar un procedimiento de insolvencia (al mismo tiempo que los pagos a los acreedores). La tasa del impuesto es prescrita bajo las Reglas Generales de Quiebra e Insolvencia. Varía de acuerdo al tipo de procedimiento y al monto total del dividendo pagado.
La tasa de impuesto pagable en una quiebra ordinaria es 5% de los primeros CAN $1000000, y un 25% de los segundos CAN $1000000, más la cuarta parte del uno por ciento del total que exceda los CAN $2000000.
La tasade impuesto pagable en una propuesta es 5% de los primeros CAN $1000000, un 25% de los segundos CAN $1000000, y 0% del monto que excede los CAN $2000000.
La tasa de impuesto pagable por un estado bajo la administración sumaria es 100% de los primeros CAN $200 y 0% del monto que excede los CAN $200.
Las ganancias del impuesto en 2006-07 fueron CA $21,9 millones. La OSB retiene esas ganancias para financiar sus operaciones.
No hay estándar de servicio aplicable en tanto el pago es hecho por el profesional del sector privado encargado de la administración del estado.
Productos y Servicios de Información
La OSB ofrece un número de productos y servicios de información. Varios de esos productos y servicios son provistos por la OSB por una tarifa.
El Servicio de Búsqueda de Nombres de OSB confirmará si los individuos o negocios han empezado procedimientos de insolvencia. Un requerimiento para una búsqueda puede hacerse por teléfono, fax o Internet. La tarifa por este servicio es de CAN $58 por consulta como se prescribe bajo las Reglas Generales de Quiebra e Insolvencia. Un estándar de servicio de un día laboral se aplica a los requerimientos por fax. Los telefónicos son respondidos inmediatamente. Acceso inmediato a la base de datos es provisto mediante las búsquedas vía Internet.
Los datos gruesos del registro público de procedimientos de insolvencia están disponibles también, a través de transferencia electrónica. La OSB depende de la Ley de Administración Financiera para entrar en acuerdos de contratación de servicio con usuarios de datos generales. El costo de acceso al registro público es prorateado por el número de registros requeridos, por ejemplo, por provincia o por archivos comerciales v/s de consumidores. La OSB actualmente tiene ocho contratos con cargos mensuales desde CAN $2500 a CAN $20000. No se ha establecido estándar de servicio.
El Servicio de Búsqueda de Dividendos sin Reclamar de OSB permite a los acreedores rápida y fácilmente buscar registros de OSB por dinero no reclamado que puede ser debido a ellos de una quiebra pasada o una propuesta. Hay actualmente más de 60000 registros en la base de datos con una cantidad total de dividendos no reclamados de más de CAN $10000000. El más grande monto de un dividendo no reclamado es de CAN $79636. La base de datos puede ser consultada libre de cargo, sin embargo, se requiere una tarifa de CAN $30 acompañada de documentación de apoyo para cada dividendo no reclamado requerido. No se ha establecido estándar de servicio.
El ingreso por productos de información sobre insolvencia fue CAN $2,7 millones para el año fiscal 2006-07. La OSB retiene esas tarifas para financiar sus operaciones.
FINLANDIA
Visión General
El Bankruptcy Ombudsman (BO) en Finlandia es una autoridad independiente anexada al Ministerio de Justicia. BO supervisa la administración de todos los estados de quiebra, incluyendo procedimientos de quiebra para individuos y corporaciones. La organización también tiene el deber de monitorear la dirección de los procedimientos en relación con la reorganización de compañías.
Todos los fondos del BO vienen del gobierno. Ellos son designados a través del presupuecto del Ministerio de Justicia. El presupuesto anual de BO para sus actividades es cerca de un millón de euros.
Otro arreglo financiero incluye asignación para el sistema desde la recepturía pública. Sin embargo, esta asignación impone la responsabilidad en el gobierno por los costos relativos a la quiebra en caso de no haber activos.
Licenciamiento Profesional
El BO no licencia a profesionales del sector privado para llevar la administración de estados.
Administración de Estados de Insolvencia
La BO no tiene la responsabilidad de administrar estados de insolvencia. Los estados de quiebra son administrados por abogados del sector privado.
Impuesto
La BO no carga ninguna tarifa o impuesto por sus servicios o actividades.
Tarifas o Ingresos de Actividades o Servicios
La BO no recolecta tarifas o impuestos de otras actividades, productos o servicios.
HONG KONG
Visión General
La Oficina del Receptor Oficial (ORO) es una repartición gubernamental bajo el Ministerio del Tesoro y Servicios Financieros del Gobierno de la Región Administrativa de Hong Kong de la República Popular China.
Bajo las Ordenanzas de Compañías y Quiebras, el RO tiene la facultad de administrar materias de insolvencia. El rol de ORO en esta materia es administrar casos de insolvencia cuando es designado por la corte o los acreedores para actuar como liquidador o síndico; para actuar como liquidador o síndico de último recurso en casos pequeños; para investigar los asuntos de quiebras, directores y empleados de compañías insolventes; reportar a la corte en causas de negocios fallidos; tomar parte en iniciar acciones legales por ilícitos de insolvencia; postular a la corte para órdenes de inhabilidad contra directores de compañías liquidadas; monitorear la conducta de los profesionales de insolvencia del sector privado; invertir fondos de los estados en liquidaciones voluntarias y compulsorias; auditar cuentas de síndicos y liquidadores e investigar quejas contra liquidadores y síndicos.
El RO también tiene deberes como revisar y proponer cambios a las leyes, políticas y procedimientos legales relativos a asuntos de insolvencia; y proveer apoyo a otros departamentos gubernamentales y cuerpos estatuidos envueltos en materias de insolvencia.
Para la administración de ORO, los fondos son asignados desde el gobierno central basados en el patrón de gasto pasado. Las actividades financiadas incluyen la administración general de ORO; acciones judiciales contra personas por ilícitos de insolvencia, postulación a la corte para órdenes de inhabilidad contra directores de compañías no aptos de compañías liquidadas; y casos de liquidación externa con activos estimados que no excedan los HK $200000 para los profesionales de insolvencia del sector privado.
El RO cobra tarifas de acuerdo a las escalas especificadas en las Ordenanzas de Compañías y de Quiebra. Todas las tarifas reunidas son transferidas al gobierno central.
Licenciamiento Profesional
No hay un proceso formal de licenciamiento poara profesionales del sector privado que desarrollan la administración de estados de insolvencia en Hong Kong. Sin embargo, hay un sistema concursable para ORO para casos de liquidación externa con activos estimados que no excedan los HK $200000.
Registro de Acciones Judiciales
ORO no registra acciones judiciales de insolvencia.
Administración de Estados de Insolvencia
ORO juega un rol en la administración de estados de insolvencia. Cuando actúa como síndico o liquidador, el Receptor Oficial investiga los asuntos de quiebras, directores y empleados de compañías insolventes; liquida activos y distribuye dividendos a acreedores; y administra la Ordenanza de Quiebra y las provisiones de cierre en la Ordenanza de Compañías.
Los estándares de servicio de ORO pueden ser descritos por las directrices de desempeño que debe seguir. Así, los casos que tienen activos insuficientes para distribución deberían ser puestos en el programa de liberación dentro de 12 meses desde la fecha de la orden de quiebra o de cierre. En casos donde hay suficientes activos para distribución a los acreedores, los dividendos deberían distribuirse dentro de 9 meses desde la fecha en que la distribución es posible. Otra directriz de desempeño incluye que para casos de liquidación donde los activos probablemente excedan los HK $200000, una decisión para mantener el primer pago a los acreedores y contribuyentes debería hacerse dentro de 8 semanas desde la fecha de la orden de disolución. En esos casos, las cancelaciones deberían producirse dentro de 12 semanas desde la fecha de la orden de disolución. Sin embargo, para casos de quiebra donde los activos probablemente exceden los HK $200000, una decisión sobre cumplir el pago general a acreedores debe tomarse dentro de 12 semanas desde la fecha de la orden de quiebra. El pago debería ser cumplido dentro de 16 semanas desde la fecha de la orden de quiebra.
ORO carga tarifas por administrar estados insolventes. Para casos de liquidación, la tarifa fue determinada por la Orden de Compañías (tarifas y porcentajes) bajo la Ordenanza de Compañías (Apéndice 2). En casos de quiebra, la estructura de tarifa fue determinada por la Orden de Quiebra (tarifas y porcentajes) bajo la Ordenanza de Quiebra (Apéndice 3). Estas tarifas de administración son designadas para cubrir todos los costos y son revisadas anualmente. Las tarifas de administración son establecidas como un porcentaje de dineros realizados en el estado. Sin embargo, ORO no retiene esas tarifas.
La corte carga a un síndico o liquidador (incluyendo ORO) con un número de tarifas (Apéndice 4).
En adición a esas tarifas, la corte también cobra tarifas para otras organizaciones o personas durante la administración de un estado de insolvencia. En casos de quiebra, un quebrado que postula a una temprana absolución tendría que pagar una tarifa de HK $528 a la corte. También una búsqueda en el Registro de la Alta Corte (distinto que por un peticionario, síndico, quebrado o cualquier empleado de la corte) por un documento o archivo costará HK $18 (Apéndice 5).
No se establecen arreglos financieros para manejar estados de insolvencia que no generan suficientes fondos para cancelar costos y gastos. El faltante es reducido a cero.
Impuesto
ORO cobra un impuesto que es reunido mediante transferncia de cantidades desde la cuenta del estado a la cuenta de Ingreso General del Gobierno. La estructura del impuesto está basada en una suma fija y un porcentaje, por ejemplo, 10% del valor de los activos realizados. El nivel de impuesto puede ser ajustado tomando en cuenta el total de ingresos / gastos incurridos por ORO. El impuesto es designado para cubrir toda las actividades gravables por ORO incluyendo inversión de fondos del estado, administración de casos, servicios al público, externalización de casos de liquidación sumaria (por ejemplo, valor de activos que probablemente no excedan los HK $200000) y auditoría y chequeo de cuentas remitidas por los liquidadores y síndicos. Sin embargo, ORO no retiene estos ingresos. El impuesto es revisado anualmente (ver apéndice 2 y 3 para monto del impuesto).
Productos y Servicios de Información
ORO provee al público general de un servicio de búsqueda. Éste permite a un miembro del público general o una organización averiguar si una persona está en quiebra o si una compañía limitada está en disolución obligatoria. Otro servicio provisto por ORO es la expedición de un certificado de no-quiebra. Este servicio permite a un miembro del público general tener un certificado que pruebe que no está en quiebra.
No hay provisión en la Ordenanza de Quiebras y Compañías que prescriba que ORO tiene responsabilidad estatutaria para proveer ese servicio. Sin embargo, hay indicaciones sobre tarifas de búsqueda en las Ordenanzas que implican que ORO es requerido para entregar dicho servicio.
En la entrega de ellos, los estándares de servicio de ORO implican que los resultados de búsquedas de atención a público estarán disponibles dentro de tres horas a contar del pago de la tarifa por peticiones de búsqueda de libre acceso a ORO. Para peticiones vía mail, los resultados estarán liberados dentro de 3 días laborales desde el recibo. Peticiones de búsqueda que son hechas usando un terminal de computador en ORO estarán disponibles dentro de 1 hora sobre el pago de la tarifa. Para una búsqueda por lotes que use un diskette floppy los resultados estarán disponibles dentro de 2 horas una vez pagada la tarifa. Al igual que para Certificados de no-quiebra, éstos pueden ser expedidos dentro de 3 días laborales desde la fecha de recibo de la petición.
La tarifa y otros cargos son determinados por la posición de ORO frente a gastos e ingresos. Como no hay servicios simlares que se ofrezcan en el mercado, el costo de producir este servicio no puede ser considerado sobre la misma base. El servicio de búsqueda pública es de HK $85 por búsqueda pero no aplica si éstas son hechas por departamentos gubernamentales. La tarifa establecida para la liberación de certificados de no-quiebra es de HK $205. Ambas tarifas son revisadas anualmente y los ingresos no son retenidos por ORO. No se aplican restricciones en términos de redistribución de información.
Tarifas e Ingresos por otras actividades o servicios
No hay otras tarifas e ingresos cargados por otras actividades o servicios.
IRLANDA
Visión General
El Director de Cumplimiento Corporativo (“el Director”) es una corporación única, donde un funcionario independiente del Estado está encargado de funciones como la ejecución de las Leyes de Compañías, incluyendo la persecución judicial de ilícitos por la vía de procedimientos sumarios; impulsar el cumplimiento de las Leyes de Compañías; investigar instancias de sospechas de ilícitos bajo las Leyes de Compañías; y a su discreción, elevar casos al Director del Ministerio Público cuando el Director de Cumplimiento Corporativo tiene razonables elementos para considerar que se ha cometido un liícito procesable bajo las Leyes de Compañías; ejercer, en caso de que el Director considere necesario o apropiado, un rol supervisor sobre la actividad de liquidadores y receptores en el desempeño de sus funciones bajo las Leyes de Compañías; y, con el propósito de asegurar la aplicación efectiva y el cumplimiento de obligaciones, estándares y procedimientos a los cuales las compañías y sus empleados están sujetos, desempeñar aquellas otras funciones respecto a cualquier materia a la cual las Leyes de Compañías están referidas tanto como el Ministro de Comercio de Empresa y Empleo considere apropiado y pueda por orden conferirlas en el Director.
El Director puede también desempeñar esas otras funciones para cumplir con el propósito referido que le puedan ser asignadas bajo las Leyes de Compañías o cualquier otra Ley. Adicionalmente, el Director puede ejecutar todos aquellos actos que sean necesarios para el propósito del desempeño de sus funciones bajo ésta o cualquier otra Ley.
El Director es independiente de todods los Departamentos del Estado incluidos el Ministerio de Comercio de Empresas y Empleo en el desempeño de sus funciones de autoridad de cumplimiento. El staff de la organización del Director de Cumplimiento Corporativo (ODCE, por su sigla en inglés) se encuentra bajo su control y es secundado por el Ministerio de Comercio de Empresas y Empleo y Garda Síochána (la policía irlandesa).
Aparte de materias menores (como pagos por requerimientos bajo la Ley de Libertad de Información y la de Protección de Datos), ODCE es financiada por una votación del Parlamento como una subjefatura dentro del presupuesto del Ministerio de Comercio de Empresa y Empleo.
Los sueldos de los empleados de ODCE secundados por el Ministerio de Comercio de Empresa y Empleo son pagados por el Ministerio. Garda Sióchána paga los salarios de sus miembros.
Todos los costos de su organización son financiados a través de esta subjefatura, se ahorra el costo de los salarios de la policía, los cuales son cubiertos por el Departamento de Justicia, Igualdad y Reforma de la Ley.
ODCE no se beneficia de ninguna suma recibida por la institución respecto a sus actividades, en tanto todos esos montos son retornados al Ministerio como asignaciones en ayuda. Esos recibos, por ejemplo, pueden incluir todos los costos legales peribidos por la entidad que proceden de acciones de Corte exitosas o pagos por requerimientos bajo el Acta de Libertad de Información y la de Protección de Datos.
El financiamiento normalmente es acordado en negociaciones con el Ministro de Comercio de Empresa y Empleo sobre una base multianual, normalmente en un ciclo de tres años, sujeto a una aprobación general del Ministerio de Finanza. Sin embargo, no hay tarifas o impuestos cargados por ODCE.
Licenciamiento Profesional
ODCE no licencia a profesionales del sector privado.
Registro de Acciones Judiciales
ODCE no registra acciones judiciales de insolvencia.
Administración de Estados de Insolvencia
La ODCE no tiene responsabilidad en la administración de estados de insolvencia, incluyendo la liquidación de activos.
Impuesto
La ODCE no carga impuesto.
Productos y Servicios de Información
La ODCE provee una gran cantidad de información de acuerdo con su rol en promoción de cumplimiento con la ley de compañías.
Esta información puede encontrarse en el sitio web de la entidad. Los productos de información incluyen aproximadamente 40 cuadernillos, Avisos de Decisiones, Documentos de Consulta y otras publicaciones que cubren diversos tópicos como Manejo de Compañías Inmobiliarias, Requerimientos de Desclasificación bajo las Leyes de Compañías, Derechos y Responsabilidades de Directores y otros participantes de Compañías.
También están incluidas listas de compañías insolventes liquidadas. ODCE también publica una Revisión de Fin de Año a principios de enero y un Reporte Anual a inicios de junio que proveen información estadística sobre cumplimiento en relación con la legislación empresarial. Hay un teléfono y servicio de información vía e-mail que proveen información libre de pago al público general en cumplimiento con las Leyes de Compañías.
Adicionalmente, ODCE está a disposición para hacer presentaciones de su trabajo a grupos representativos, incluidos organizaciones profesionales y cuerpos académicos y de capacitación, junto a organismos comprometidos en entrenar a abogados y contadores.
ODCE provee esos servicios libres de cargo de acuerdo con su función de impulsar el cumplimiento de las Leyes de Empresas en aras del interés público.
En cuando a estándares de servicio, la ODCE cumple con rigurosos estándares de calidad a consumidores y con este objetivo, ha dispuesto un Diagrama de Consumidor y los “Principios de Calidad de Servicio al Cliente”.
La ODCE impulsa la distribución de su información publicada y sujeta a los principios de “uso correcto” con la ley de copyright, en la mayoría de las ocasiones cede todos los derechos del material producido por ella.
Tarifas o Ingresos por Otras Actividades o Servicios
ODCE no recibe ninguna otra tarifa o ingreso.
JERSEY
Visión General
El Departamento del Visconde es una Agencia de la Judicatura financiada públicamente fuera del presupuesto anual del gobierno. Ella cobra un porcentaje de impuesto contra los activos realizados, que es tratado como un ingreso.
Licenciamiento Profesional
Jersey no licencia profesionales del sector privado para llevar la adminisración de estados de insolvencia.
Registro de Procedimientos
La agencia no registra procedimientos de insolvecnia. El registro formal es desarrollado por la Corte, aunque la agencia registra y presenta esos datos para propósitos de información.
Administración de Estados de Insolvencia
La organización es la administradora de todos los estados de insolvencia. Los estándares de servicio para esta función son impuestos por la legislación y por los compromisos de desempeño de la agencia.
La tarifa de administración es estructurada a través del Acta Política. Como establece ella ahora, las tarifas son designadas para cubrir todos los costos incurridos en la administración de estados de insolvencia y son revisadas cada ters años. Adicionalmente, la Corte carga al Departamento del Visconde y otras orgtanizaciones con tarifas que son establecidas en un tarifario.
En casos en que los estados de insolvencia no generan suficientes fondos para cubrir costos y gastos, la organización tiene el recurso del financiamiento público, el cual aplica en casos excepcionales.
Impuesto
El Departameto del Visconde cobra un impuesto contra la realización de activos. Los estándares de servicio para manejar dicho impuesto están prescritos en la Ley de Finazas Públicas y determinados por el Acta Política. Esto representa un porcentaje que es establecido en un tarifario (alrededor del 10%), el que es revisado cada tres años. El impuesto es tratado como un ingreso.
Productos y Servicios de Información
El Departamento del Visconde provee información sobre insolvencia en su sitio web (www.gov.je/viscount). Ello incluye productos como notas guía; reportes de acreedores y circulares; y reportes anuales departamentales. El Departamento del Visconde tiene algunas responsabilidades estatutarias de proveer productos de información para productos como los reportes a los acreedores. Los estándares de servicio asociados están prescritos por el Estatuto y los compromisos de servicio del Departamento.
Hay tarifas cargadas por algunos productos de información como la búsqueda de archivos, donde se aplica una escala. Esas tarifas son también tratadas como ingreso. Sin embargo, el costo de producir circulares y reportes para los acreedores es pagado fuera de las realizaciones de activos. La estructura de tarifa está basada en el costo de producir y distribuir los productos o servicios de información. Esas tarifas son revisadas anualmente.
Parte de la información es suministrada sobre bases restringidas. Como ejemplo, los reportes a los acreedores no están autorizados para circular adicionalmente.
LATVIA
Visión General
La agencia estatal de Latvia “Administración de Insolvencia” (desde ahora, Administración de Insolvencia) es una institución pública establecida a partir del Gabinete de Ministros, de acuerdo con la Ley de Agencia Pública. La Agencia está bajo la supervisión del Ministro de Justicia.
Las actividades de Administración de Insolvencia tienen como objetivo implementar la política estatal en relación con los procedimientos de insolvencia, protección de los intereses de los empleados en el evento de insolvencia de su empleador, y salvaguardar los intereses del Estado y los del público general en materias de insolvencia, como lo estipula la ley.
Las fuentes de financiamiento de la Administración de Insolvencia incluyen fondos fuera del presupuesto del Estado, desde ingresos comunes, impuesto por riesgo de negocio, impuestos cargados por proveer servicios públicos, y donaciones y ayudas finaniceras de estados foráneos.
Los costos por servicios públicos son tratados como gastos de Administración de Insolvencia. Ingresos recibidos de servicios públicos proveídos se usan para recuperar esos gastos.
Licenciamiento Profesional
Para llegar a convertirse en administradores, los postulantes deben completar un número de requerimientos. De ese modo, sólo una persona natural que tenga la más alta educación en leyes, economía, administración o finanzas, o no menos de tres años de experiencia práctica de trabajo en ejercicio de roles de administración o supervisión o autoridades ejecutivas en una compañía, cumple los requerimientos para obtener una certificación en la especialización de administrador. La Administración de Insolvencia luego expedirá un certificado en conformidad con la Ley sobre Insolvencia de Contratos y Compañías.
Una función de la Administración de Insolvencia es preparar y certificar administradores. La entidad organiza activades relacionadas con la expedición del Certificado (para obtener el certificado de Administrador) y la re-emisión de administradores activos (para obtener el certificado de la recertificación del Administrador). Otras funciones de la Administración de Insolvencia incluyen examinaciones, publicaciones, restauraciones y remociones de certificados de Administrador.
Para obtener un certificado de Administrador, el administrador debe completar un programa de educación en teoría del derecho; derecho civil y derecho de procedimiento civil; procedimientos de insolvencia; contabilidad y derecho fiscal; impuestos; economía y administración de empresas; derecho laboral y seguridad laboral; trabajo de oficina y archivos; procedimientos administrativos.
Con el fin de calificar para la examinación, una provisión obligatoria implica que los postulantes han completado el programa de educación.
Una vez que los requerimientos son cumplidos, los postulantes procederán a la examinación. Estos resultados son determinados por una institución especial, la Comisión de Certificación. Si la evaluación de ésta es positiva, el director de la Administración de Insolvencia decide conferir calificación de administrador y se expide el certificado. Éste es válido por dos años. Con el fin de continuar las actividades profesionales después de ese periodo, los administradores tienen que reactivar su certificado. El certificado de Administrador es re-emitido por otro periodo de dos años.
El programa educacional incluye cursos y seminarios, proveyendo los requerimientos necesarios para las actividades profesionales de los administradores. La educación es realizada con expertos en insolvencia como jueces, administradores profesionales y otros. Para una extensión del certificado, los administradores tienen que asistir a no menos de un curso y un seminario. La Administración de Insolvencia provee no menos de cuatro seminarios y dos cursos por año para administradores.
Para examinación y extensión del certificado hay un gravamen establecido que sirve para recuperar costos concernientes a actividades del proceso de examinación (como establecimientos, clases y otros gastos de administración) y la extensión del certificado de Administrador.
El monto del impuesto estatal es definido por el gobierno. De acuerdo a la regulación del Gabinete de Ministros N° 1047 de 19 de diciembre de 2006, el impuesto estatal para organización de examinación para postulantes es 236 LVL y por extensión del certificado de Administrador es 59 LVL. El monto del impuesto estatal no ha sido revisado desde 2003.
También hay una tarifa para capacitación de los postulantes. Esta tarifa por capacitación (educación organizada para postulantes) es definida por la regulación del Gabinete de Ministros N° 241 del 5 de abril de 2005 y es 354 LVL. La suma total por recibir el certificado de Administrador es 590 LVL.
Registro de Acciones Judiciales
La Administración de Insolvencia no tiene ningún registro donde toda la información sobre procedimientos en la materia pueda ser encontrada. La base de datos de público acceso sobre Administración de Insolvencia incluye información sobre: Administradores licenciados; lista de compañías insolventes con administradores designados recomendados por la Administración de Insolvencia; “recomendación de línea de Administradores”, que es la orden de acuerdo a la cual la Administración de Insolvencia escoge el Administrador que es recomendado para la corte. La Administración de Insolvencia elige y recomienda candidatos a administrador para la corte bajo el “principio de accidente”. Para operacionalizar eso, la Administración de Insolvencia mantiene cinco listas de administradores, cada una para la corte regional correspondiente y cinco listas de deudores, también cada una para la corte regional apropiada, con el fin de seleccionar un administrador desde la lista para cada deudor.
Esta información está disponible en la página web de la Administración de Insolvencia (www.mna.gov.cl), podría ser usada sólo por propósitos informativos y está libre de cargo para proveer la alerta necesaria para todos los interesados en las acciones judiciales de insolvencia.
En enero de 2008 la nueva “Ley de Insolvencia” entrará en vigor y dispondrá que exista un “Registro Público de Insolvencia”, donde toda la información sobre procedimientos judiciales de insolvencia sea registrada.
Administración de Estados de Insolvencia
La Administración de Insolvencia no es responsable por la administración de estados insolventes. Sin embargo, su rol es supervisar administradores que son responsables por la administración de ellos.
Impuesto
El cargo por riesgo de negocio es parte de las fuentes financieras de la Administración de Insolvencia. Éste es reunido por el servicio de ingresos del Estado y transferido a la cuenta apropiada del presupuesto del Estado.
El gravamen por riesgo de negocio es pagado para cada empleado por los empleadores que provisionalmente podrían llegar a ser insolventes. El monto del impuesto es definido por el gobierno cada año y forma el Fondo de Garantía de los Empleados, el cual es operado por la Administración de Insolvencia.
La Administración de Insolvencia mantiene recursos del fondo, y organiza la contabilidad de medios financieros y pagos que en parte satisfagan las reclamaciones de los empleados. El Fondo de Garantía de las Reclamaciones de los Empleados podrá usarse exclusivamente para satisfacer éstas. En el caso de un superávit de medios financieros y del Fondo, éste será gastado en el siguiente año financiero.
De acuerdo a la regulación del Gabinete de Ministros N° 1047 del 8 de noviembre de 2005, en 2006 el impuesto de riesgo de negocio fue 0,25 LVL y 60578 LVL del total de ingresos del impuesto fue contabilizado en el Fondo.
De acuerdo a la regulación del Gabinete de Ministros N° 721 del 29 de agosto de 2006, en 2007 el impuesto de riesgo de negocio es 0,25 LVL, y 213278 LVL del ingreso total del impuesto está contabilizado dentro del Fondo.
Productos y Servicios de Información
La Administración de Insolvencia provee información al público por medio de su website. Datos estadísticos pueden encontrarse en el número de administradores que han sido recomendados a la corte desde 2004 hasta ahora. La información sobre administradores y negocios insolventes, por ejemplo, qué Administrador es recomendado a la corte para un deudor específico, puede encontrarse también en el sitio web.
De acuerdo a la regulación N° 328 del Gabinete de Miniestros del 10 de mayo de 2005, la Administración de Insolvencia crea y soporta la base de datos de administradores y provee que esa base esté públicamente disponible.
Tarifas o Ingresos por Otras Actividades o Servicios
La Administración de Insolvencia también proporciona consejo legal en materias relacionadas con insolvencia. De acuerdo a la regulación N° 241 del Gabinete de Ministros del 5 de abril de 2005, los costos de la consejería legal son 23,60 LVL por hora.
Otros servicios públicos de la Administración de Insolvencia incluyen la emisión de duplicados de los certificados de administradores que se establecen en 35,40 LVL; la organización del seminario, que es de 8,85 LVL por hora; y la organización del curso, que es de 141,60 LVL por curso
El ingreso recibido por proveer servicios públicos es usado para recuperar gastos de servicio.
MÉXICO
Visión General
El Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (desde ahora, IFECOM) es una entidad auxiliar que pertenece al Consejo Judicial Federal. El Consejo es la institución encargada de supervisar al Poder Judicial Federal, excepción que se hace con la Corte Suprema de Justicia.
Los únicos rcursos de IFECOM son aquéllos determinados por el presupuesto del Consejo Judicial Federal. Los fondos recibidos por IFECOM son determinados por le Presupuesto Público Federal aprobado por la Cámara de Diputados para el Consejo Judicial Federal. Luego el Consejo establece una cantidad para IFECOM del presupuesto aprobado.
IFECOM no cobra ninguna tarifa o impuesto por sus actividades o servicios.
Licenciamiento Profesional
El IFECOM tiene criterio oficial para seleccionar y registrar profesionales. Una vez que éstos han remitido su formulario de postulación notificando a IFECOM que quieren registrarse, son entrevistados y evaluados por medio de un test. Si los resultados de los candidatos son satisfactorios, luego llegan a estar registrados como profesionales de insolvencia.
Para registrarse como profesional de insolvencia en IFECOM, los postulantes deben cumplir los siguientes requerimientos: deben tener al menos cinco años de experiencia en el campo de la administración de negocio, finanzas, leyes o auditoría; no pueden tener un cargo público; y deben probar que no han sido condenados por un ilícito relacionado con el servicio público o el sistema financiero.
No se aplican tarifas por licenciamiento profesional.
Registro de Acciones Judiciales
No hay un registro formal de procedimientos de insolvencia.
Impuesto
No hay un impuesto formal para dividendos distribuidos al cierre de un procedimiento de insolvencia.
Productos y Servicios de Información
IFECOM tiene responsabilidad estatutaria para generar información estadística sobre insolvencias. Adicionalmente, la organización publica un número de procedimientos actuales de insolvencia en su sitio web.
El reporte estadístico sobre insolvencias es presentado a la Corte Suprema y al Consejo Judicial y es luego publicado en el sitio web. Esas estadísticas son generadas cada semestre.
Los estándares de desempeño se aplican a la lista de procedimientos de insolvencia e información relacionada con compañías insolventes. Esa información es manipulada cuidadosamente en orden a mantener la confidencialidad de la información personal. La organización sólo provee información relativa a sentencias definitivas y a acreedores y deudores interesados, con el fin de mantenerlos al día en el curso del procedimiento.
Las publicaciones provistas por IFECOM están disponibles en el sitio web libres de cargo.
IFECOM no impone restricciones respecto a la redistribución de información. La información publicada por IFECOM es pública, en cumplimiento con el Acta de Acceso a Información Gubernamental Pública y Transparencia Federal.
Tarifas o Ingresos de Otras Actividades o Servicios
IFECOM no recibe otras tarifas o ingresos.
No retiene otra fuente de ingreso aparte de los recursos determinados por el presupuesto del Consejo Judicial. Esto es, los fondos recibidos por IFECOM son determinados por el Presupuesto Público Federal aprobado por la Cámara de Diputados para el Consejo Judicial. Luego el Consejo establece un monto para IFECOM desde el presupuesto aprobado.
NUEVA ZELANDA
Visión General
El Servicio de Insolvencia y Sindicatura (Insolvency and Trustee Service, ITS) es una unidad de negocio del Ministerio de Desarrollo Económico (MED), un departamento del gobierno de Nueva Zelanda. La organización es encabezada por la Autoridad Asignada (Official Assignee), la cual es una posición estatutaria creada por el Acta de Insolvencia.
Como departamento gubernamental, ITS es en efecto totalmente financiada sobres su nivel presupuestario por el ingreso de impuestos del gobierno, sin embargo, ninguna tarifa que es recuperada se paga al gobierno para compensar la asignación presupuestaria de NZ $9,64m. Subsecuentemente, a más tarifas recuperadas menos es la contribución general hecha por el gobierno de los ingresos por impuestos. Para el año 2005/06 el ingreso provisto por el gobierno de Nueva Zelanda desde impuestos fue de $8648000 y las tarifas sacadas desde activos recuperados fue de NZ $992000.
Se carga un costo por tiempo para quiebras y liquidaciones. Las Secciones 276 y 277 del Acta de Compañías de 1993 estipulan la remuneración del Official Assignee cuando administra liquidaciones. La Sección 277 establece que el Gobernador General, de tanto en tanto, por orden del Consejo, haga regulaciones para fijar o prescribir el monto de las tasas de remuneración.
En quiebra, la s406 del Acta de Insolvencia de 2006 (“el Acta”) prescribe para el Official Assignee cobrar remuneración por desarrollar sus deberes a tasas fijadas o prescritas bajo la s407 del Acta. La Sección 407 establece que el Gobernador General, por orden del Consejo, haga regulaciones para fijar o prescribir el monto de las tasas de remuneración. Éstas pueden ser prescritas como tasas horarias; diferentes tasa por trabajo hecho en quiebra por diferentes clases de personas; tasas en referencia al valor neto de los activos realizados; tasas para el ejercicio de funciones o facultades particulares; o tasas por referencia a algún otro criterio. Las tasas actuales fijadas en las regulaciones para quiebra y administración de liquidación se muestran en detalle abajo.
Licenciamiento Profesional
ITS no licencia organizaciones externas para administrar insolvencias. En Nueva Zelanda todas las quiebras (insolvencias personales) son administradas por ITS. ITS también administra algunas liquidaciones designadas por la corte de compañías (insolvencias corporativas) aunque la mayoría de las designaciones de la corte son profesionales privados de la insolvencia.
Quienes ejercen la insolvencia de manera privada y externa pueden administrar liquidaciones de compañías en Nueva Zelanda, sin embargo en el presente no hay un cuerpo de registro profesional y en efecto ninguno de ellos (aparte de aquellos prohibidos por el Acta de Compañías de 1993) puede establecerse a sí mismo como liquidador.
El Ministro de Desarrollo Económico, Comercio y Política ha examinado la posibilidad de registrar a profesionales privados de la insolvencia. Una decisión final sobre ello puede estar disponible a mediados de 2008.
Registro de Acciones Judiciales
ITS es responsable por el registro de peticiones de los deudores de quiebra, postulaciones de órdenes sumarias de establecimiento de plazos de pago (de instalación sumaria) y postulaciones de deudores para no entrar en un Procedimiento de No Activos (una alternativa a la quiebra introducida por el Acta de Insolvencia de 2006 para deudores consumidores). Los acreedores pueden también solicitar una orden de adjudicación de quiebra para un deudor por petición de la Alta Corte.
El Acta de Insolvencia de 2006 requiere que todos los deudores, sin importar el tipo de procedimientos a los cuales postulan, entreguen un completo formulario de declaración el cual es llenado antes que su postulación para un procedimiento de insolvencia. La declaración de intereses requiere que el deudor haga una completa exposición de su posición financiera. El Assignee puede rechazar una declaración que, en su opinión, es incorrecta o incompleta.
Postulaciones para quiebra, órdenes sumarias y procedimientos de no activos pueden ser hechos por el deudor a través de un servicio en línea provisto a través del website de ITS. Esto incluye un formulario de declaración de intereses. Esos servicios están disponibles a los deudores que se registren (gratis) como usuarios en el sitio web. Alternativamente, un deudor puede solicitar la asistencia de un consejero para completar las postulaciones necesarias o pueden hacer una postulación telefónicamente a través del centro de llamados de ITS usando un teléfono gratuito. Los formularios basados en papel también están disponibles para los deudores.
La tarifa de registro para postulaciones a quiebra iniciada por un deudor ha sido establecida en NZ $200 mientras la de postulación a una orden sumaria de instalación es NZ $100. No hay pagos para los deudores que postulan a entrar a un procedimiento de no activos. Estas tarifas de registro sólo son recuperadas en la conclusión de la administración de algunos activos realizados y por ende no interfieren a los deudores el acceso a los procedimientos a través de requerir un pago por adelantado. Una tercera parte puede postular para una orden de adjudicación a través de la Alta Corte y la tarifa para ello es de NZ $450.
Algunas órdenes de liquidación de compañías son hechas en la Alta Corte y la tarifa para presentar esta postulación es aproximadamente NZ $400.
Administración de Estados de Insolvencia
ITS es responsable por la administración completa y manejo de toda la quiebra y procedimientos de no activos en Nueva Zelanda, tanto como de materias en las cuales el Official Assignee es designado liquidador. Las responsabilidades incluyen: realización de activos, pago de dividendos, impulsar el cumplimiento de las Actas relevantes, la administración de clientes deudores y acreedores desde la adjudicación hasta el término del proceso. El Official Assignee también es responsable por supervisar la administración de la Instalación Sumaria de Supervisores que son invariablemente consejeros de deuda del sector privado. Para facilitar la administración, ITS provee un sistema de manejo de caso unido a una cuenta de sindicatura controlada por el Official Assignee. Este sistema es accesado por los Supervisores a través de un link seguro a la website.
Los resultados de las Declaraciones de Desempeño de Servicio para 2006-07 son exhibidos en Apéndice 6.
Para la administración de estados de insolvencia, la estructura de la tarifa es establecida de acuerdo a la regulación estatutaria y fue determinada sobre la base de la recuperación de costo. Esas tarifas fueron designadas para cubrir el costo de salarios del staff, gastos de operación y gastos generales para administrar estados de insolvencia. Para administración de quiebra y liquidación las tarifas son cobradas para la recuperación del costo por tiempo. Para Órdenes de Instalación Sumaria, sin embargo, se carga una comisión en cuanto esto se considera más fácil de cuantificar para facilitar los planes de pago. Otros desembolsos como costos legales o de agentes son pagados separadamente del estado.
Las tarifas fueron revisadas como parte del desarrollo e implementación del Acta de Insolvencia de 2006. Las tarifas pueden ser alteradas por una Orden del Consejo redactada por el Gobernador General.
ITS no retiene las tarifas cargadas, en tanto todas van dentro de la cuenta de gastos generales del gobierno para compensar la asignación presupuestaria recibida. La corte no cobra a ITSninguna tarifa a menos que ITS desee archivar procedimientos como en alguna petición a la corte.
El financiamiento de los ingresos impositivos del gobierno es usado para manejar estados insolventes donde esos estados no generan fondos suficientes para cancelar los costos y gastos.
La actual tarifa por administración de quiebra y liquidación es:
Para liquidaciones, el más alto de entre ellos:
a)Un monto de NZ $2000 ó
b) Una tarifa calculada sobre una tasa horaria en concordancia con lo siguiente:
1.- Para trabajo de responsabilidad del liquidador, incluyendo cualquier sub Official Assignee donde el liuidador es el Official Assignee, NZ $200 por hora o parte de ésta;
2.- Para trabajo de responsabilidad de un contador o abogado empleado por el liquidador, NZ $200 por hora o parte de ella;
3.- Para trabajo llevado a cabo por cualquier otro empleado o por el liquidador, NZ $140 por hora o parte de ella.
En quiebras, la tasa de costos por unidad de tiempo están indicados en el Acta de Insolvencia 2006 como se lee en la cláusula 18 de las Regulaciones de Insolvencia (personal) de 2007, las que disponen la misma tasa horaria de reumneración por liquidación, esto es:
1.- El Assignee y sub Assignee: NZ $200 por hora;
2.- Staff legal y de contabilidad: NZ $200 por hora;
3.- Funcionarios de insolvencia; NZ$140 por hora.
El monto y las tasas horarias especificadas arriba no incluyen impuestos de bienes y servicios.
Para el rol de ITS en supervisar la adminisración de Órdens Sumarias de Instalación, el Official Assignee recibe una comisión de 2,5% de todas las contribuciones hechas por el deudor por la duración de SIO. El Supervisor tiene derecho a una tarifa de 7,5% de las contribuciones recibidas.
Impuesto
ITS no cobra impuesto.
Productos y Servicios de Información
ITS tiene una responsabilidad estatutaria de mantener un registro de quiebras y Procedimientos de No Activos (sin activos). Adicionalmente, ITS también mantiene un registro de Órdenes de Instalación Sumaria, las que fueron comenzadas bajo el Acta de Insolvencia de 2006. Esos registros están disponibles gratis a través de una base de datos de búsqueda en línea (www.insolvency.govt.nz).
En adición a los registros, ITS también debe, bajo las prescripciones relevantes del Acta de Insolvencia y del Acta de Empresas, proveer a los acreedores reportes relativos a la administración. Los reportes entregan detalles como la información de la cuenta de sindicatura, detalles de reclamaciones, prospectos de activos y dividendos tanto como cualquier otra información relevante. Esos reportes son puestos al día en tiempo real desde el sistema de administración de casos de ITS y están disponibles gratis para todos los acreedores y el deudor de un estado particular vía acceso seguro a través del sitio web.
También están disponibles en el sitio reportes estadísticos y demográficos de insolvencia (PDF); información general de tópicos relativos a la quiebra personal, anulación de quiebra, salida de la quiebra, viaje al exterior durante la quiebra, trabajo desempeñado durante la quiebra, Procedimientos Sin Activos, Órdenes de Instalación Sumaria y liquidación de empresas, preguntas frecuentes, Unidad de Cumplimiento Nacional e Ingresos de la Unidad de Crimen. ITS también provee de un número telefónico gratuito.
No hay estándares formales de servicio esetablecidos para entregar productos y servicios de información. En tanto ellos son provistos gratis, no aplica restriccion para redistribuir esa información.
Tarifas e Ingresos por Otras Actividades oServicios
ITS no cobre tarifas por otras actividades o servicios.
RUMANIA
Visión General
El Registro Nacional de Comercio es una institución pública, bajo la supervisión del Ministerio de Justicia. Los ministerios son cuerpos especializados de la Administración Pública Central desarrollando la política gubernamental en sus dominios de actividad. Los Ministerios están organizados y operan bajo la autoridad del gobierno.
La Oficina del Registro Nacional de Comercio (NTRO) es totalmente financiada por ingresos internos y, consecuentemente, no recibe fondos del gobierno de Rumania. NTRO puede acceder a fondos europeos a través del ministro bajo cuya supervisión opera. Las Oficinas de Registro de Comercio, Trade Register Offices, están organizadas bajo la supervisión de NTRO y operan anexadas a las cortes de justicia.
La estructura organizacional y cómo el NTRO y las Trade Register Offices anexadas a las cortes operan, tanto como el máximo número de empleados, son establecidos por la Regulación de Organización y Operación aprobada por orden del Ministro de Justicia.
La NTRO es manejada por un Director General designado por el Ministerio de Justicia, bajo la ley. Magistrados Designados también pueden ser designados en el cargo de Director General, bajo la ley. Las Trade Register Offices anexadas a las cortes son manejadas por directores designados por el Ministro de Justicia, de acuerdo a la ley.
El personal requerido para la operación de la NTRO y las Trade Register Offices anexadas a las cortes es seleccionado por concurso, bajo la ley. El personal es designado por el Director General de NTRO.
El financiamiento de gastos corrientes y de capital relativos a la actividad de NTRO y de Trade Register Offices anexadas a las cortes es obtenido de tarifas y aranceles cobrados por operaciones desempeñadas. Esas tarifas y aranceles pueden ser anualmente actualizadas por la Decisión Gubernamental, basada en una recomendación relevante remitida por el Ministerio de Justicia y tomando en consideración los resultados del año anterior, incluidos en el estado financiero anual. También las tarifas son cargadas por distribución de copias y o información sobre el registro de comercio, tanto como el Boletín de Procedimientos e Insolvencia, una publicación emitida por NTRO. Los cargos son cobrados por publicación en el Boletín de los documentos expedidos por los profesionales de insolvencia en los procedimientos dentro de los cuales participan.
Licenciamiento Profesional
La organización no licencia profesionales del sector privado para desarrollar la administración de estados de insolvencia.
Registro de Procedimientos Judiciales
El Boletín de Procedimientos de Insolvencia fue establecido con la visión de publicar los siguientes tipos de documentos:
citaciones judiciales, acompañadas, cuando corresponda, de oposiciones, recursos, contestaciones y otros requerimientos;
comunicaciones y sentencias pronunciadas dentro de los procedimientos judiciales de insolvencia;
convocatorias;
notificaciones;
otras documentos de procedimientos judiciales determinados por la ley.
Los cargos por la publicación de dichos documentos en el Boletín están basados en las tarifas aprobadas por Orden del Ministro de Justicia, actualizadas anualmente, dependiendo del porcentaje de inflación, bajo la sanción de no serpublicados si las tarifas legales no se pagan.
El pago de tarifas por publicación en el Boletín está exento para los documentos sobre los cuales la ley expresamente establece que las cortes en aplicación de procedmientos de insolvencia deben remitir y hacer cumplir.
En caso de que no haya efectivo disponible en la cuenta del deudor y las cortes ordenen la publicación en el Boletín de ciertos documentos de procedimientos redactados por administradores judiciales y liquidadores, las tarifas relacionadas con la publicación serán subsecuentemente retenidas por NTRO directamente del fondo de liquidación.
Con el fin de sustentar los gastos por emisión y distribución del Boletín está disponible un fondo del NTRO. Éste ha sido el caso desde que el primer Boletín fue publicado.
La tarifa de publicación es calculada por página de documento, conteniendo 32 líneas, por ejemplo, 34 LEI / páginas del documento, e incluye diagramas y listas de anexos. En caso de que la página del documento contenga hasta 16 líneas, se aplica el arancel por la mitad de la publicación.
Par publicación de documentos sobre procedimientos dentro de 24 horas desde el registro, se aplica una tarifa adicional de 50%. Las tarifas son anualmente actualizadas dependiendo del porcentaje de inflación.
Todos los ingresos obtenidos son retenidos por la institución.
Administración de Estados Insolventes
La organización no tiene ninguna responsabilidad por la administración de estados insolventes.
Impuesto
NTRO cobra tarifas por operaciones desempeñadas. Ellas tienen como objeto los registros en el registro de comercio y el reflejo de las operaciones de distribución de copias, boletines de insolvencia, información, certificados de estatus testificando si un documento o acto está registrado en el registro de comercio o si un documento está publicado en el Boletín de Procedimientos de Insolvencia. A través de la Oficina de Asistencia se cubre un gran rango de operaciones dentro del registro de comercio, mediante pago, como la obtención de documentos administrativos necesarios para registros en el registro de comercio o elaborar aquellos documentos requeridos por ley, contener varias enmiendas de los documentos que constituyen la postulaciones. El monto de esas tarifas es calculada de modo de cubrir sólo los gastos administrativos derivados de las operaciones desempeñadas. El resto de las tarifas se convierte en ingresos de NTRO, calculados para cubrir el financiamiento de la institución.
Productos y Servicios de Información
El Departamento del Boletín de Procedimientos de Insolvencia, organizado dentro de NTRO, también provee información al público interesado que tenga por objeto el archivo de insolvencia del deudor registrado en el nivel de ese Departamento, en cumplimiento de las comunicaciones elaboradas por los profesionales de insolvencia y las cortes.
Consecuentemente, información estadística, puntual o histórica sobre los deudores registrados es distribuida. También se ofrece la posibilidad de adquirir el Boletín de Procedimientos de Insolvencia en papel o en formato electrónico a través de suscripciones mensuales, trimestrales o anuales. Más aún, los solicitantes pueden adquirir copias del Boletín o pueden obtener copias certificadas de los documentos sobre acciones judiciales publicados en el Boletín.
La obligación de entregar esos servicios es legal; las tarifas que deben ser pagadas son determinadas en normas legales –Órdenes del Ministro de Justicia, Decisiones Gubernamentales-, toda las cuales representan ingresos para NTRO.
Hay también una categoría de información que es proveída gratis referente a datos puntuales sobre un deudor –la corte que juzga el caso, el número de archivo, nombre del deudor, número de registro en el registro de incorporación, identificación fiscal del deudor, número del boletín donde un acta de procedimientos fue publicada y el estatus de dichos procedimientos-.
Hay restricciones impuestas, por ejemplo, los solicitantes no están autorizados para usar la información obtenida para un propósito comercial propio. Sobre la identificación de esos casos, se aplicarán las prescripciones legales.
RUSIA
Visión General
El Ministerio de Desarrollo Económico y Comercio de la Federación Rusa (MEDT) es una autoridad gubernamental. El financiamiento del Ministerio es procurado mediante el presupuesto del Estado. El Ministerio no provee ningún servicio pagado.
Licenciamiento Profesional
Cada profesional que ejerce en insolvencia es obligado a mantener una membresía en la organización autorregulada (SRO) de Profesionales de Insolvencia. El Servicio de Registro Federal (FRS) es una autoridad gubernamental responsable por el registro y control sobre SROs.
Un SRO prepara los documentos requieridos (de acuerdo a listado) y los envía a la FRS. Sobre la base de esos documentos la FRS incluye la organización en el Registro de organizaciones no comerciales. El proceso de registro se establece en las órdenes de la FRS N° 202 y 203.
La actual legislación no estipula una tarifa de licenciamiento especial para registro de SRO.
Registro de Acciones Judiciales
MEDT no registra procedimientos judiciales de insolvencia. Los procedimientos estadísticos de quiebra son conducidos por la Corte de Alto Arbitraje de la Federación Rusa.
La ley federal establece el impuesto estatal que es pagado con la remisión de la postulación (para comenzar el procedimiento de quiebra) a la corte. Sin embargo, no se estipula la estructura de una tarifa especial para el impuesto.
Como todas las tarifas van directamente dentro del presupuesto no hay información disponible concerniente a qué costos las tarifas pretenden recuperar. La tarifa de registro es reconsiderada cuando se necesita.
La tarifa de registro se establece en 2000 rublos (aprox. 77 dólares USA). El tamaño de la tarifa de registro no dependen del tipo de procedimiento de insolvencia. El impuesto es aplicado al presupuesto estatal y también financia el mantenimiento del trabajo de las cortes.
Administración de Estados de Insolvencia
Las funciones de MEDT están limitadas al desarrollo de una política estatal y regulación legislativa sobre insolvencia (quiebra).
Cuando administra estados de insolvencia, el SRO tiene derecho a:
- representar los intereses legales de los miembros como de sus relaciones con autoridades federales, autoridades estatales de las entidades de la Federación Rusa, cuerpos locales autogobernados;
- notificar a las cortes de arbitraje de la Federación Rusa de obtención del estatus de organizaciones auto-reguladas de Profesionales de Insolvencias;
- apelar en procedmientos judciales contra los actos y acciones de autoridades federales, autoridades estatales de las entidades de la Federación Rusa, cuerpos locales autogobernados que violen los derechos e intereses legales de alguno de sus miembros o del grupo de miembros;
- poner relamos por la protección de derechos e intereses legales de las personas que participan en el caso de una quiebra;
- imponer sobre sus miembros responsabilidad disciplinaria estipulada por constituyentes y otros documentos, incluyendo expulsión de la organización autorregulada;
- peticiones a la corte arbitral una vez descartada la participación en un caso de quiebra de los miembros, cuya actividad (inactividad) ha infringido la legisalación sobre insolvencia (quiebra) y;
- cumplir otras facultades, como la establecidas por esta Acta Federal.
La SRO también está obligada a:
- desarrollar y establecer reglas vinculantes para todos los profesionales miembros de la Práctica de Insolvencia;
- controlar la actividad profesional de sus miembros en observancia parcial de los requerimientos de esta Acta Federal y de sus reglas, como se esetablece por la organización auto-regulada para actividad profesional de la insolvencia;
- considerar queja hechas contra sus miembros actuando como árbitro en caso de quiebra;
- desarrollar y establecer requerimientos para ciudadanos de la Federación Rusa que deseen entrar en una organización auto-regulada;
- notificar a la corte arbitral, examinando un caso de quiebra, de la expulsión de sus miembros actuando como árbitros en ese caso, dentro de tres días de su expulsión, como máximo;
- recolectar, procesar y almacenar la información sobre las actividades de sus miembros, desclasificadas por ellos para organizaciones autorreguladas en la forma de informes, como se establece en los procedimientos y con la frecuencia que sea establecida por el diagrama y otros documentos de la organización autorregulada;
- organizar y proveer habilidades de capacitación de ciudadanos de la Federación Rusa como un profesional de insolvencia asistente;
- mantener el Registro de Profesionales de Insolvencia del cual son sus miembros, y proveer a las personas interesadas de fácil acceso a la información incluida en dicho Registro; y
- asegurar la formación de un fondo compensatorio o la propiedad de una sociedad de socorro mutuo para asegurar la responsabilidad financiera como compensación para causas perdidas por sus miembros cuando actúen como profesionales de insolvencia.
El MEDT no cobra tarifas por administrar estados de insolvencia. Adicionalmente, la corte no cobra durante la administración de un estado insolvente.
Cuando tiene que manejar estados insolventes que no generan suficientes fondos para cubrir los costos y gastos, las deudas no cubiertas pueden ser cubiertas por: 1) los fundadores de deudores (participantes); 2) el presupuesto; 3) terceras partes.
Impuesto
No hay un tipo formal de impuesto cobrado por MEDT.
Productos y Servicios de Información
MEDT no provee productos y servicios de información.
Tarifas e Ingresos por Otras Actividades o Servicios
No se cobran otras tarifas o ingresos.
REINO UNIDO – INGLATERRA Y GALES
Visión General
El Servicio de Insolvencia (el Servicio) es una agencia ejecutiva del Ministerio para la Empresa, Negocios y Reforma Regulatoria (BERR), antes Departamento de Comercio e Industria (DTI). El Servicio de Insolvencia opera bajo un marco estatutario, principalmente las Actas de Insolvencia de 1986 (IA 86) y 2000, el Acta de Inhabilitación de Directores de Empresa de 1986 y el Acta de Derechos de Empelo de 1996. A partir de 01 de abril de 2006 la Rama de Investigación de Empresas (CIB) del EBRR fue transferida al Servicio y están localizados en oficinas en Londres y Manchester.
El Servicio tiene 43 oficinas de receptores oficiales (OR) a través de Inglaterra y Gales, los cuales operan bajo los poderes investidos por el Secretario de Estado para el BERR (SoS) y las Cortes. El Servicio administra e investiga los asuntos de quiebras, de compañías y alianzas terminadas por la corte, y establece por qué ellas se convieten en insolventes. El Servicio también actúa como síndico en casos de quiebra y liquidador en casos de compañías donde no se ha designado un profesional de la insolvencia del sector privado.
El Servicio aconseja a los ministros de BERR y otros departamentos gubernamentales y agencias sobre insolvencia, redundancia y otros asuntos relacionados.
Los minisros de BERR determinan el marco de política en el cual el Servicio opera. Sin embargo, ellos no están usualmente envueltos en el manejo del día a día o en la administración de casos individuales, lo cual cae bajo la jurisdicción de las cortes. Los Ministros también establecen y revisan los objetivos del Servicio, los cuales son anunciados en el Parlamento al comienzo de cada año financiero. El Inspector General y el Jefe Ejecutivo de la Agencia reportan a los ministros de BERR sobre la ejecución de política, el progreso del Servicio frente a sus objetivos y sus planes u propuestas para desarrollos futuros y a su turno responden al Parlamento sobre dicha política.
El Servicio es autofinanciado pero también recibe fundos desde el gobierno para algunas de las actividades que desarrolla.
Bajo las provisiones del Acta de Empresa de 2002, el Servicio tiene un nuevo y modernizado régimen, el cual ha entrado en vigencia desde el 1 de abril de 2004. Complementario al Acta de 2002 es la Orden de Procedimientos (tarifas) de Insolvencia de 2004. Algunas de las prescripciones han sido enmendadas por las enmiendas a la Orden de 2004, siendo la última la Orden de Procedimientos (tarifas) de Insolvencia de 2007.
Las actividades del Servicio que son financiadas por fuentes gubernamentales bajo el nuevo régimen son la investigación y actividades de cumplimiento, financiadas a través de un presupuesto para programas de BERR. En consecuencia, el financiamiento es acordado como parte del proceso de Revisión de Gasto conducido a través del gobierno. El Servicio recibe una asignación de presupuesto indicativa que cubre tres años. Los ajustes presupuestarios están sujetos a otras presiones sobre el financiamiento dentro de BERR y a los cambiantes requerimientos de recursos del Servicio.
Otras actividades financiadas por recursos del Gobierno bajo el nuevo régimen incluyen el Costo para administración del Esquema de Pagos de Redundancia, las cuales son financiadas desde el Fondo Nacional de Seguro[2]. Un Acuerdo de Nivel de Servicio anual es establecido entre el Servicio y HM Ingresos y Aduanas (HMRC) bajo el cual se acuerda financiamiento. El Servicio está autorizado para retener cualquier superávit financiero pero debe cubrir cualquier déficit. A menos que se pueda asegurar financiamiento adicoanl de HMRC, los déficits no cubiertos por superávit deben ser cancelados por BERR. Los pagos hechos a los empleados bajo el Esquema de Pagos de Redundancia también son cancelados por el Fondo Nacional de Seguro pero están incluidos en las cuentas de BERR.
Adicionalmente, el Fondo del presupuesto administrativo de BERR financia la función política. Por ejemplo, los costos de preparación e implementación del Acta de Empresas de 2002 fueron pagados centralmente por BERR y no están incluidos en los costos del Servicio.
En cuanto a las tarifas cobradas por la organización, ellas son pagables respecto a procedimientos de insolvencia sobre compañías e individuos para tareas desarrolladas por la OR o la SoS. La Orden de Procedimientos de Insolvencia enmendada de 2007 contiene prescripciones para las tarifas para procedimientos de insolvencia llevados a cabo por el Servicio.
El principal objetivo del nuevo régimen financiero es que los acreedores pagarán por los costos totales de la administración de OR de acuerdo a una sola tarifa de administración financiada en parte del depósito por la petición y una nueva tarifa de administración de SoS cobrable sólo en insolvencias obligatorias. Esto envolverá algunos subsidios cruzados entre administraciones de caso pero eliminará subsidios de funciones cruzadas como los costos de investigación y actividades de cumplimiento que serán pagadas centralmente.
También se genera un ingreso por tarifa a través de la regulación de profesionales de insolvencia.
Licenciamiento Profesional
Aquellos candidatos que han completado satisfactoriamente los exámenes de la Junta de Insolvencia Unida y tienen la cantidad de experiencia requerida en trabajo de insolvencia como el prescrito por las Regulaciones de Profesionales de Insolvencia, están facultados para postular a una licencia para tener designaciones en procedimientos de insolvencia. Una vez designados, ellos son conocidos como Profesionales de Insolvencia (IPs). Hay siete Cuerpos Profesionales Reconocidos (RPBs) autorizados para licenciar profesionales de insolvencia en Inglaterra y Gales en adición al Secretario de Estado.
En relación con el estándar de servicio aplicable, antes de expedir una licencia, el SoS debe estar seguro de que el candidato es una persona apropiada para tenerla. Adicionalmente a la calificación profesional y la experiencia requerida, el SoS está obligado a chequear alguna evidencia de falta de mérito a través de las búsquedas judiciales de la Corte del Condado, búsquedas de agencias de crédito, requerimientos del Registro de Empresas y una búsqueda de quiebra. Los postulantes deben también seguir un desarrollo profesional continuo y pagar una tarifa para mantener su licencia.
La tarifa es determinada sobre una base estrica de recuperación de costos y no es usada para subdsidiar cruzadamente otras actividades. La SoS impone una mantención anual de tarifa de 2500 libras que es revisada periódicamente, generalmente sobre una base anual, y es designada para asegurar que los costos de licenciamiento y regulación son recuperados.
Las tarifas recolectadas financian la capacidad del Servicio para monitorear y asegurar que el IP que ellos autorizan desarrolla su trabajo sobre un alto estándar. En adición, el Servicio también usa las tarifas de RPB para regular a sus miembros asegurando que los altos estándares sean mantenidos.
Registro de Procedimientos
Hay tres principales procedimientos de insolvencia registrados por el Servicio: Quiebra, Liquidaciones Obligatorias de Empresas y Acuerdos Voluntarios Individuales.
En Quiebra, las quiebras son registradas en un sistema computacional interno después de recibir confirmación de que la orden ha sido establecida en la Corte. El equipo de Peticiones y Transferencias dentro del Servicio es un equipo dedicado a ingresar esta información al sistema interno. Las liquidaciones obligatorias de empresas son registradas en la misma forma. Los casos de quiebra son luego automáticamente subidos a los servicios electrónicos del Registro de Insolvencia Individual (IIR), el cual puede ser accesado en el sitio web del Servicio.
La Unidad de Profesionales de Insolvencia de la sección de Política del Servicio, actuando en representación del SoS, registra los Acuerdos Voluntarios Individuales (IVAs). El Servicio también registra los nombres de aquellos quienes han entrado en un IVA junto con sus supervisores. Esta información está disponible en el IIR.
Otros procedimientos de insolvencia de empresas son registrados en el Registro de Compañías regulado por la Rama de Investigación de Empresas.
El costo del SoS de registrar y mantener cada IVA es recuperado por la vía de una tarifa de registro de 10 libras. La tarifa, que es revisada frecuentemente, es cobrada en una estricta base de recuperación de costos y no usada para subsidiar cruzadamente otras actividades.
Para quiebras, siguiendo los Acuerdos Voluntarios de Vía Rápida (FTVA) se requiere pagar una tarifa de registro de 15 libras. Los FTVA son acuerdos voluntarios donde el OR actúa como nominado y supervisor de post quiebra.
En el caso de quiebra y liquidaciones obligatorias de compañías, la tarifa de administración es desingada para contener el costo de registro de los procedimientos.
Administración de Estados Insolventes
Una vez una orden de liquidación de quiebra ha sido formulada, la corte designa un OR como receptor y administrador o liquidador respectivamente. Los deberes de OR están ampliamente establecidos en el Acta de Insolvencia de 1986. Éstos son individuos pagados que son designados, removidos y actúan bajo la dirección general del Servicio en representación del SoS para el BERR y, por ende, pueden tener funciones adicionales conferidas por el SoS.
Con la designación el OR se convierte, simultáneamente, en el poseedor de un cargo estatutario y un funcionario público empleado por el Servicio. Un ejemplo de la distinción entre cuando el OR actúa como el tenedor de un cargo estatutario y cuando acúa como un funcionario público es cuando envía un Cuestinario de Información Preliminar al director de una compañía en quiebra y una carta de designación para asistir a una entrevista. El OR hace esto como parte de su deber de investigación estatutaria bajo la sección 132 (compañias) o la 289 (quiebras). Sin embargo, cuando envía folletos para ayudar al receptor (ejemplo, “Qué sucede cuando Ud. asiste al despacho de OR” y “Una guía para quiebra” o una “Guía para directores”) el OR está actuando como servidor público.
La función primaria de OR es administrar e investigar los asuntos de compañias y alianzas disueltas por la corte y de quiebras, con el criterio de tomar la acción apropiada y oportuna donde hay activos o donde hay evidencia de ilícitos o conductas inadecuadas.
El OR desarrolla varios otros deberes sobre liquidaciones y quiebras, incluyendo el descubrimiento inicial de activos y protección de éstos. Él actuará cmo liquidador de una compañía o síndico de una quiebra estatal cuando no exista IP del sector privado designado como liquidador o síndico ex officio y haya una vacancia en ese cargo. El OR permanece bajo obligación de investigar cuando un OP del sector privado haya sido designado como liquidador o síndico.
El OR lleva a cabo una inspección donde él visita una o más instalaciones poseídas u ocupadas por un insolvente, o en la cual ellos están o han estado comerciando o tienen su despacho registrado. Cuando un OR se convierte en liquidador o liquidador provisional de una empresa, es requerido para tomar en custodia o control toda la propiedad y cosas en acción a las cuales la compañía está o aparece facultado. Como receptor y administrador de un estado de quiebra, tiene el deber de tomar tantos pasos como piense que son necesarios para proteger alguna propiedad que pueda ser reclamada para el Estado por el síndico, aunque no se requiere hacer ninguna cosa que involucre incurrir en gastos. Cuando el OR es un síndico de un estado de quiebra, su función es obtener, realizar y distribuir el estado.
Las tarifas por la administración de casos han sido establecidas de modo que los costos sean cubiertos. De este modo, sobre un registro de Acuerdos Voluntarios Individuales por el SoS la tarifa se establece en 10 libras; el desempeño por OR de sus funciones de nominado es de 300 libras; y para el desempeño por OR de sus funciones de supervisor se establece una tarifa calculada como un porcentaje de todos los dineros realizados mientras actúa como supervisor, a una tasa de 15%.
En cuanto a las tarifas pagables en quiebras, la tarifa de administración de OR es 1715 libras; y el desempeño por el SoS de sus deberes generales bajo la legislación de insolvencia en relación con la administración del estado de cada quiebra, hay una tarifa pagable (de un máximo de 100000 libras) calculada como un porcentaje del total de recibos cargables relativos a la quiebra (pero ignorando las primeras 2000 libras) y que parte del total de recibos que exceden el techo d la quiebra a la tasa de 17%.
Adicionalmente, otras tarifas son pagables en disolución por la Corte. Para el desempeño por OR de sus deberes generales como OR en elaborar una orden de disolución hay una tarifa de administración pagable de 2090 libras; y para el desempeño por SoS de sus deberes generales bajo la legislación de insolvencia en relacón con la administración de los asuntos de cada compañía que está siendo disuelta por la corte, hay una tarifa pagable de un máximo de 100000 libras, calculadas como un porcentaje del total de reibos cargables relatvios a la empresa (pero ignorando las primeras 2000 libras) a la tasa de 17%.
Una tarifa de 50 libras acompaña cada requerimiento hecho por un síndico en quiebra o un liquidador en una disolución obligatoria o voluntaria para la compra de cualquier seguro gubernamental.
Esas tarifas son recuperadas en parte del depósito pagado por eldeudor o acreedor cuando presenta una petición para quiebra o liquidación de empresa. Desde el 1 de abril de 2007 el nivel de depósitos ha sido de 335 libras para una petición de quiebra del deudor, de 400 libras para la perición de del acreedor y de 670 para las peticiones de una compañía del acreedor .
Como se establece arriba para cada tipo de procedimiento de insolvencia, la tarifa de balance de la administración del caso es recuperada de los activos realizados en un caso particular. Sin embargo, más del 50% de los casos tienen pocos o nada de activos. Es un resultado de esto que una segunda tarifa, la tarifa SoS, también se aplica a aquellos casos que tienen activos sobre 2000 libras.
En relación con las postulaciones a la Alta Corte, la Orden de Tarifas de la Corte Suprema de 1996 establece que no hay tarifas pagables sobre un requerimiento o sobre una postulación a la Corte por el OR cuando aplica sólo en la capacidad de OR para el caso (y no como liquidador o síndico). Esto aplica en ambos, la Alta Corte y la corte del condado.
La Orden de Tarifas de la Corte Suprema de 1999, Tabla 1, y la Orden de Tarifas de la Corte del Condado de 1999, Tabla 1, se refieren a tarifas pagables en la Alta Corte y corte del condado, respectivamente, tarifas 24 y 25. Como se identifica en la Tabla 1, la Tarifa 24 (60 libras) se carga sobre una postulación en comunicación cuando no hay otra tarifa especificada. En relación con la Tarifa 25 (30 libras), ésta se carga en una postulación por consentimiento o sin comunicación por un juicio u orden cuando no hay otra tarifa especificada.
Ejemplos de cuando el OR puede tener que pagar estas tarifas están en aplicación bajo la regla 7.20 IR86 para órdenes exigiendo cumplimiento con las Reglas. Bajo la sección 235 IA86 las postulaciones pueden hacerse por el receptor oficial, el administrador, el receptor administrativo, el liquidador o el liquidador provisional. Si la postulación es hecha sólo como receptor oficial en teoría no hay tarifa pagable. En la práctica, receptores oficiales han sido requeridos por la Corte para pagar la tarifa en estas postulaciones, las postulaciones bajo la sección 310 IA86 para órdenes de pago de ingresos (incluyendo variaciones o destitución de IPO). Las postulaciones pueden ser hechas sólo por el síndico, postulaciones bajo la sección 236 y 366 IA86 para exámenes privados: postulaciones pueden ser hechas sólo por el receptor oficial, el liquidador o el síndico. A los receptores oficiales se les recomienda postular como receptor oficial y no hay tarifa pagable; y las aplicaciones bajo la sección 263F IA86 para la revocación de una FTVA. Las postulaciones pueden ser hechas por el receptor oficial o el síndico.
Las tarifas que son cargadas por la Corte varían desde 1 a 150 libras en las cortes del condado y la Suprema Corte.
Mayor información puede encontrarse en la Orden de Tarifas de la Corte Suprema de 1995 y la Orden de Tarifas de la Corte del Condado de 1995 y la Orden de tarifas de la Corte Suprema de 1999 y la Orden de Tarifas de la Corte del Condado de 1999 (Apéndice 7).
Cada caso tiene una tarifa administrativa cargada para ello y una tarifa SoS en casos donde hay activos para ser realizados. Esas tarifas son contabilizadas como un todo, y cualquier escasez sobre fondos insuficientes son cubiertos por casos donde puede haber un superávit.
Impuesto
El Servicio no cobra un impuesto. Sin embargo, SoS, en el caso de una inhabilidad de un director de empresa, puede imponer una multa sobre el director infractor.
Productos y Servicios de Información
El Servicio provee una sección “Hágalo Online” en su sitio web que permite a los usuarios acceder y buscar los registros siguientes libres de cobro (en http://www.insolvncy.gov.uk/doitonline/doitonlinemenu.htm).
Otro servicio incluye si un miembro del público requiere información o tiene una petición general sobre legislación de insolvencia, procedimientos de insolvencia que incluyen el trabajo de empleados de OR, etc., puede tener la posibilidad de encontrar la respuesta mediante el envío de un email al Servicio (en InsolvencyEnquiryline@insolvency.gsi.gov.uk) o mediante la remisión de un formulario online vía un enlace en “Hágalo Online”.
El Servicio también tiene la “Línea de Dudas de Insolvencia (IEL)”. Ésta tiene que ver con dudas técnicas simples. Si un individuo requiere información, puede llamar por teléfono a IEL entre 9am y 5pm de lunes a viernes (excepto feriados) al 0845 602 9848. Sin embargo, el Servicio y ORs no pueden entregar consejo legal o financiero. Donde se requiere esa información, debe ser obtenida de una Junta para el Consejo Ciudadano, un abogado, un contador calificado, un IP autorizado, un especialista en bienes raíces o un consejero financiero de reputación o un centro de asesorías.
Adicionalmente, el Registro de Insolvencia Individual provee detalles de quiebras que son tanto actuales como finalizadas en los últimos tres meses, acuerdos voluntarios individuales actuales en FTVAs, y órdenes de restricción de quiebra actuales y compromisos.
Este servicio está disponible online donde la base de datos puede ser buscada libre de cargo con sólo el apellido (o incluso parte de él) del individuo y la búsqueda puede ser de todo Inglaterra y Gales, o del área cubierta por una oficina individual de OR. Una opción para imprimir los resultados también está disponible.
El Registro Individual de Insolvencia también está disponible visitando una oficina de OR. En este caso, una persona puede visitarla entre lunes y viernes entre 9 pm y 5 pm. Alternativamente, puede llamar a la Línea de Consultas de Insolvencia del Servicio de Insolvencia al 0845 602 9848. Un reporte de todos los registros que coinciden con el requerimiento será enviado a la persona. Si no hay coincidencia con el requerimiento, la persona recibirá un reporte señalando que “no se encontró coincidencia”. El Servicio normalmente responde dentro de 7 días laborales del recibo.
Este servicio también está disponible por suscripción. En ese caso, los datos son recuperados vía un archivo de base XML. Hay términos y condiciones para el uso de este servicio.
El Servicio también provee servicios respecto a los Casos de Interés Público. La Unidad de Interés Público es una de las unidades de OR; es la más grande que se entiende con Liquidaciones Provisionales.
Un OR proveniente de la Unidad de Interés Público es usualmente designado para ser un Liquidador Provisional siguiendo una investigación por la Rama de Investigación de Compañías (CIB). CIB investiga quejas hechas por miembros del público acerca de la forma en que una compañía está comerciando. Si una compañía sujeta a una orden de Liquidación Provisional es más tarde disuelta por la corte, luego la Unidad de Interés Público enfrentará el caso.
La Unidad de Interés Público (PIU) maneja las “liquidaciones provisionales”. Esto significa que una corte ha dado una orden para una compañía de parar de comerciar inmediatamente y cerrar. El rol del Servicio es asegurar que cualquier acreedor de esta compañía está identificado y que los activos de ésta están dimensionados para pagar el dinero que se debe a sus clientes y proveedores debido a que ha sido forzada a cesar su actividad comercial.
Otro servicio entrgado es la Búsqueda de Directores Inhabilitados, la cual es un extracto de un registro completo que es mantenido por Companies House.
También hay estadísticas disponibles en el sitio web del Servicio libres de cargo (en http://www.insolvency.gov.uk/otherinformation/statistics/insolv.htm). El equipo de estadísticas de la sección de política del Servicio publica un reporte de prensa de Estadísticas Trimestrales. El Servicio usa el Código de Práctica de Estadísticas Nacionales, aunque el equipo de estadísticas no tiene un deber estatutario para proveer esta información.
Un postulación de quiebra completa también está disponible online. Éste es un sitio seguro para asistir a los clientes correctamente en su aplicación. Una línea de ayuda dedicada está disponible para asistir a los clientes usando el servicio 0845 602 9848 o están disponibles para enviarles las dudas por mail a: onlineforms@insolvency.gsi.gov.uk. Las Preguntas Frecuentes del Servicio de Formularios En Línea contienen información cubriendo las preguntas comunes sobre este servicio.
Adicionalmente, la Enforcement Hotline permite a la gente entregar información sobre directores y quiebras en rebeldía. La intención es reforzar la inhabilitación y prevenir al público de estar expuesto a más instancias de mal comportamiento corporativo.
El Servicio también tiene una base de datos que contiene detalles de contacto de IPs licenciados. Sin embargo,no todos los IPs están listados en tanto algunos han requerido no ser incluidos.
Un servicio similar está disponible incluyendo una base de datos que contiene detalles de contacto de todos los ORs en Inglaterra y Gales.
También, individuos pueden formular una queja acerca de cómo el caso ha sido administrado. En ese caso, un usuario del Servicio puede remitir quejas respecto a la forma en que su caso fue conducido en el sitio web del Servicio.
Otro servicio es la disponibilidad de IPs registrados (BANCS). BANCS es un sistema en línea que mantiene registros de casos que están siendo atendidos por IPs.
El Servicio no tiene responsabilidad estatutaria cuando hay un requerimiento de información o cuando una duda general en insolvencia surge. Lo mismo aplica para formular una queja acerca de cómo el caso ha sido adminisrado, en tanto ellos son parte del espectro público que se evalúa con estándares de excelencia. Sin embargo, el Registro de Insolvencia Individual (IIR) es una responsabilidad como se prescribe bajo las Reglas de Insolvencia de 1986.
Más aun, el Servicio no tiene responsabilidad estatutaria para proveer productos o servicios de información como aquéllos relativos a los Casos de Interés Público, Estadísticas, postulación online completa a quiebra, Línea de Consultas sobre Cumplimiento, el servicio relativo a encontrar un IP, el servicio relacionado con hallar un OR o BANCS.
No obstante, para la Búsqueda de Directores Inhabilitados, el Acta de Descalificación de Directores de Empresas de 1986 requiere que se mantenga un regisro. El Archivo de Compañías para Inglaterra y Gales mantiene este registro. Este servicio es voluntario.
Para la Unidad de Interés Público, hay un requerimiento estatutario de designar los liquidadores provisionales. La estructura del Servicio implica que los liquidadores provisionales están basados en una Unidad de Interés Público separada.
Cuando se acude a productos y servicios de información, muchos de los provistos por el Servicio están disponibles gratis. Específicamente, los servicios relacionados con una petición de información o resolver una duda general sobre el servicio de insolvencia; los Casos de Interés Público; la Búsqueda de Directores Inhabilitados; la aplicación online completa para quiebra; la Línea de Asistencia de Cumplimiento; el hallazgo de IP; el hallazgo de OR; formular una queja acerca de cómo el caso ha sido administrado; BANCS; y la Unidad de Interés Público son libres de pago.
También está disponible gratis el Registro de Insolvencia Individual (IIR), disponible en línea y vía contacto al departamento de OR. Sin embargo, los usuarios que se suscriben para recibir una descarga regular de copia de la base de datos tienen que pagar una suma anual de 1300 libras por este servicio. Los costos de ello fueron inicialmente basados en un costo por tiempo para el Directorado de Cambio y Tecnología que posee la base de datos, pero ese costo puede haber reducido en el tiempo en tanto el número de suscriptores ha incrementado.
No se aplican restricciones a clientes respecto la redistribución de la información.
REINO UNIDO – IRLANDA DEL NORTE
Visión General
Irlanda del Norte es una región del Reino Unido, pero tiene su propio Servicio de Insolvencia.
La Ley de Insolvencia y Práctica en Irlanda del Norte es mantenida en paridad con aquella del Servicio de Insolvencia (Inglaterra y Gales). Los puntos clave concernientes al Servicio de Insolvencia de Irlanda del Norte son presentados en esta sección. Por favor referirse a la sección del Reino Unido para una descripción más detallada del Servicio de Insolvencia.
El Servicio de Insolvencia de Irlanda del Norte es una rama de un Ministerio del gobierno y está enteramente financiada por el gobierno fuera del Tesoro Público. La estructura tarifaria es similar a aquélla de Inglaterra y Gales y todos los ingresos por ese concepto son actualmente pagados dentro del fondo consolidado del gobierno.
Licenciamiento Profesional
Una tarifa anual de 50 libras por persona autorizada se cobra a los cuerpos profesionales que son reconocidos para autorizar a los individuos a actuar en ejercicio de la insolvencia. Los profesionales licenciados por el Departamento por sí mismo son gravados con una tarifa anual de 1050 libras.
Registro de Procedimientos Judiciales
En Irlanda del Norte, el registro de procedimientos de insolvencia es mantenido por la Alta Corte de Irlanda del Norte. Ésta carga una tarifa por búsquedas en el registro.
Irlanda del Norte carga un depósito de 310 libras por una petición de quiebra (deudor) y 370 libras por una petición de acreedor. El depósito de una petición para cerrar una compañía es de 620 libras. Estos depósitos son reembolsables si existen suficientes activos para cubrir lss tarifas por las cuales son garantizados.
La tarifa administrativa del Síndico Oficial es de 925 libras en una quiebra y 1495 en el caso de disolución de una compañía por la Alta Corte. En ambos casos el Departamento cobra una tarifa de administración de 17% de los recibos cargables.
La tarifa para registrar AcuerdoVoluntario Individual (IVA) es 35 libras. En el caso de IVAs administrados por el Síndico Oficial éste carga una tarifa de nombramiento de 300 libras y una de supervisor de 15% de los dineros realizados.
Otras tarifas incluyen la del Síndico Oficial por distribución, la cual varía entre 27 y 60 libras por hora, dependiendo del grado del staff. También, una tarifa de emisión de Cheque de 0,8 libras y la tarifa BACS de 0,15. Adicionalmente, una tarifa bancaria trimestral de 15 libras se carga a cada estado.
En casos donde hay activos insuficientes para cubrir las tarifas, el balance impago es cancelado de una deuda teórica.
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Visión General
Las cortes de quiebra de USA son parte del sistema judicial federal; una rama separada, autogobernada del gobierno de EUA. La rama judicial interpreta leyes federales, resuelve desafíos constitucionales para ls leyes federal y local, y resuelve disputas que involucran a las leyes federales. El Código de Quiebra de EUA es un sistema de leyes federales que cae bajo la jurisdicción de la justicia federal.
Bajo la Constitución, el Congreso de EUA asigna el presupuesto judicial, incluendo las cortes de quiebra. La judicatura prepara un presupuesto y luego lo remite al Congreso a través del Presidente. Por ley, el Presidente debe enviar la propuesta judicial de presupuesto al Congreso sin cambio. El presupuesto de la judicatura es alrededor de 20% del presupuesto federal entero.
La Oficina Administrativa de las Cortes de EUA, el brazo administrativo de la judicatura, consulta con las cortes individuales y comités de vigilancia interna y luego prepara la propuesta de presupuesto. La propuesta está basada ampliamente en la dotación de personal y recursos basados en las cargas de trabajo proyectadas por las cortes. Incorpora asignaciones específicas para el staff y servicios administrativos de cada corte. El presupuesto propuesto incluye también financiamiento de requerimientos para programas nuevos o expansiones.
Los comités de asignación del Congreso conducen audiencias sobre la propuesta judicial y el Director de la Oficina Administrativa presenta y justifica los gastos proyectados. Una vez que el Congreso promulga el presupuesto de la judicatura, la Conferencia Judicial, el cuerpo que gobierna la judicaura, aprueba planes para gastar el dinero y la Oficina Administrativa distribuye los fondos directamente a cada corte, unidad operativa y programa.
Cerca del 60% del presupuesto de la judicatura es para jueces y salarios del personal de la corte. Otro 20% es usado para pagar la rama ejecutiva para rentar edificios e instalaciones en la corte. El restante 20% del presupuesto incluye algunos gastos como computadores, viajes, provisiones, seguridad para jueces, compensación por abogados, y tarifas por jurados.
Las Cortes de Quiebra de EUA cobran cuatro tipos de tarifas en procedimientos de insolvencia. Primero, hay tarifas por presentaciones para comenzar el procedimiento y tarifas para cambiar el carácter de éste. Segundo, hay tarifas por presentaciones para comenzar la objeción de una materia y presentar una apelación. Tercerao, hay tarifas administrativas para aquellas cosas como copias y certificaciones. Finalmente, hay un cargo por desembolsos en liquidaciones y reorganizaciones para pagar gastos administrativos.
Licenciamiento Profesional
El sistema de EUA no licencia profesionales del sector privado para administrar estados de insolvencia. Los administradores de quiebra, sin embargo, recomiendan profesionales independientes a la corte para servir como síndicos en casos de consumidores.
Registro de Procedimientos Judiciales
El sistema de quiebra de EUA es un procedimiento de corte federal formal; consecuentemente, no requiere procedimiento de registro. Sin embargo, cada corte mantiene una lista públicamente disponible que sirve como registro de procedimientos de insolvencia.
Administración de Estados Insolventes
Las Cortes de Quiebra tienen roles específicos en la administración de estados insolventes. El juez de quiebra es la autoridad de la corte con poder de decisión sobre los casos de quiebra en EUA. El juez de quiebra puede decidir cualquier materia conectada con un caso de quiebra, como la eligibilidad para hacer una presentación o si el deudor debiera recibir una absolución. Las cortes de quiebra generalmente tienen sus propios funconarios para manejar temas administrativos.
Mucho del proceso de quiebra es administrativo y conducido fuera de la corte. En la mayoría de los casos este proceso administrativo es conducido por un síndico quien es designado para supervisar el caso. Consecuentemente, el involucramiento de un deudor conel juez de quiebra es limitado. Un típico deudor bajo Capítulo 7 (liquidación) no aparecerá en la corte y no verá al juez de quiebra a menos que una prte interesada haga una objeción. Un deudor por Capítulo 13 (reorganización de salarios) puede sólo presentarse ante el juez a una audiencia que confirme una propuesta de plan de reorganización. Usualmente, el único procedimiento formal en el cual un deudor debe presentarse es la reunión de acreedores, de modo que éstos pueden preguntar al deudor lo concerniente a deudas y propiedad. La reunión de acreedores es usualmente llevada a cabo en las oficinas del síndico o administrador de quiebra a inicios del procedimiento de quiebra.
También hay roles anexados al Programa de Administrador de Quiebra Judicial. La ley federal autoriza un programa de revisión de administración estatal dentro de la justicia federal. El Programa Administrador de Quiebra resultante opera en los seis distritos judiciales para los Estados de Alabama y Carolina del Norte bajo la supervisión de la Conferencia Judicial. Es manejada a través de regulaciones promulgadas po la Conferencia Judicial y guías publicadas por el Director de la Oficina Administrativa. Los casos de Quiebra en las jurisdicciones federales restantes son manejados por el Programa de Síndico de Estados Unidos, una división del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Los administradores de quiebra desempeñan la revisión de la administración del estado y deberes de administración de síndicos. Ellos establecen, mantienen y supervisan un panel de síndicos probados en casos de quiebra bajo el Capítulo 7 del Código de Quiebra; y supervisan la adminisración de estados y síndicos en casos bajo todos los otros capítulos (reestructuración de deuda y reorganización) del Código de Quiebra de EUA. Tienen el derecho a presentar asuntos, presentarse ante la corte de quiebrfa, y ser escuchados en toda materia en cualquier caso bajo el Código de Quiebra.
No hay estándares formales de servicio puestos para la administración de estados insolventes.
Las tarifas de presentaciones para comenzar un procedimiento están creadas y modificadas por estatuto. Las otras tarifas son fijadas por la justicia de EUA. Para fijar ésas, el personal administrativo de la corte estima el costo de los recursos que la corte requiere para desempeñar el servicio requerido y fijar una tarifa de acuerdo a ello. Ésta es revisada periódicamente.
Las tarifas son designadas para recuperar el csto de los recursos de la corte usados para administrar el estado y resolver disputas. Hay una revisión formal de las tarifas cada tres años, pero éstas son revisadas generalmente cada año.
El cobro básico es una tarifa plana cuyo monto depende del tipo de procedimiento requerido. Los cargos sobre desembolsos se establecen en una escala gradual (descendente). La judicatura conserva algunos de esos ingresos, los que se convierten en parte del presupuesto aprobado por el Congreso, y comparte los ingresos restantes con el sistema de sindicatura de EUA, síndicos privados y el tesoro general.
Como se señaló arriba, las Cortes de Quiebra de EUA cobran cuatro tipos de tarifas en procedimientos de insolvencia. Primero, hay tarifas de presentación para comenzar el procedimiento administrativo y cambiar el carácter del procedimiento. Segundo, hay tarifas de presentación para comenzar la contestación de la materia y presentar un apelación. Tercero, hay tarifas administrativas para cosas como copias y para certificar copias de regisros de la corte. Finalmente, hay un cargo sobre desembolsos en liquidaciones y reorganizaciones para pagar gastos administrativos.
Las tarifas de presentación para comenzar el procedimiento administrativo y cambiar el carácter del procedimiento, son dos tarifas separadas y son devengadas sobre presentaciones bajo todos los capítulos del Código de Quiebra de EUA. Una tercera tarifa es devengada sobre presentaciones bajo el Capítulo 7. Todos los capítulos tiene una tarifa inicial por presentación y una tarifa administrativa devengada sobre presentaciones. Los deudores que hagan presentaciones bajo el Capítulo 7 son responsables por un sobrecargo de síndicos en el Capítulo 7 en adición a la tarifa de presentación y la administrativa (apéndice 8).
Bajo el sistema de EUA maridos y esposas pueden formular presentaciones juntos. Cuando requieren que la corte separe o divida sus casos, el funcionario debe recolectar una tarifa (Tarifas para Casos de División) usaulmente igual a la tarifa de presentación por el capítulo bajo el cual el caso conjunto depende.
Cuando la corte convierte un caso desde una forma de procedimiento de quiebra a otra, el funcionario debe recolectar una tarifa (Tarifa para Convertir Casos). El monto de ella depende del capítulo al cual el caso es convertido.
Cuando un deudor solicita a la corte reabrir un caso, el empleado debe colectar una tarifa (Tarifas por Reapertura de Casos) usualmente igual a la actual tarifa de presentación por el capitulo bajo el cual el caso fue cerrado. La Conferencia Judicial ha proveído excepciones a la tarifa, y la corte puede descartar o diferir la tarifa de reapertura por una buena causa.
También hay tarifas de presentación para comenzar una materia impugnada y presentar una apelación. Las Tarifas por Procedimientos de Impugnación Misceláneos, las cuales son disputas menores, se etablecen actualmente en US $150. Para disputas mayores que afecten derechos legales significativos, Tarifas para Presentaciones de Procedimientos Adversatorios se establecen en US $250.
El empleado judicial debe recolectar una tarifa de comunicación de apelación (Tarifas de Presentación de Apelaciones) de US $5 y una tarifa de rotulación de US $250 para el primer nivel de apelación. También el funcionario debe colectar un adicional de US $450 si una parte elige proseguir un segundo nivel de apelación.
Otras tarifas adminisrativas también aplican bajo el sistema. Hay tarifas administrativas misceláneas que incluyen tarifas por copiado, certificaciones, reproducir grabaciones de audio, enmiendas a horarios, búsquedas de registros, documentos indexados, microfilm, documentos recuperados de una depósito externo, chequeos devueltos, impresión de reglas locales, manejo del registro de fondos, y acceso electrónico.
La judicatura, a través de un contratista cobra Tarifas de Acceso Público Electrónico de 60 centavos por minuto para acceso electrónico a la base de datos de la corte vía servicio de conexión telefónica; ocho centavos por página para usuarios públicos que obtengan información a través del sitio internet de la judicatura federal, con el total por cualquier documento (excluyendo transcripciones de procedimientos de la corte) que no exceda las tarifas por treinta páginas; y US $26 por una búsqueda de registros electrónicos. El funcionario debe cobrar diez centavos por página por imprimir copias de cualqier documento accesado electrónicamente en un terminal público en la corte.
El sistema de EUA impone tarifas trimestrales sobre todos los casos abiertos del Capítulo 11 (reorganizaciones complejas). Estas tarifas son pagables el último día del mes inmediatamente siguiente al final del trimestre calendario y cada plan de reorganización por Capítulo 11 debe proveer el pago de las tarifas no pagadas en o antes de su fecha efectiva. El deudor debe pagar tarifas trimestrales comenzando en la fecha que presenta la petición por capítulo 11. La obligación del deudor de pagar tarifas trimestrales finaliza cuando el caso no tiene más pendientes bajo Capítulo 11 -cuando la corte cierra el caso, lo convierte a otro capítulo o lo descarta-. Esas tarifas están basadas en desembolsos trimestrales (apéndice 9).
Adicionalmente, otros Cargos sobre Desembolsos aplican en un caso bajo Capítulo 7 (liquidación) u 11 (reorganizaciones complejas), la corte puede compensar al síndico razonablemente por sus servicios no excediendo el 25% de los primeros US $5000 o menos, 10% sobre cualquier monto en exceso de US $5000, pero no en exceso de US $50000, 5% de cualquier monto en exceso de US $50000, pero no en exceso de US $1000000, y una compensación razonable que no exceda de 3% de los dineros en exceso de US $1000000, sobre todos los dineros desembolsados o entregados en el caso por el síndico a las partes interesadas, excluyendo el deudor, pero incluyendo los tenedores de reclamos garantizados.
En un caso bajo Capítulo 12 (una reorganización de granja familiar) o 13 (una reorganización de ingresos), la corte puede compensar al síndico razonablemente por los servicios prestados sin exceder el 5% sobre todos los pagos bajo el paln de reorganización.
Algunas excepciones a las tarifas pueden aplicarse. La Conferencia Judicial, el cuerpo que gobierna la judicatura en EUA, ha autorizado algunas excepciones a las tarifas devengadas bajo la presentación de procedimeintos adversativos y a las tarifas devengadas por algunos de los servicios listados en el Programa de Tarifas Misceláneas de la Corte de Quiebra. La Confererncia eximió a los administradores de quiebra de varias tarifas y eximió a la sindicatura de USA de algunas. Cualquier agencia ejecutiva está eximida.
Aunque los síndicos están sjuetos a todas las tarifas, aquéllas para fotocopia, búsqueda y certificaciones pueden tener exenciones limitadas o dispensas. La corte puede diferir o elimiar algunas tarifas por buena causa y puede beneficiar con una exención a la tarifa de acceso electrónico si es necesario par aevitar las cargas irracionales y promover acceso público.
La corte puede eximir la tarifa de presentación de Capítulo 7 para deudores individuales cuyo ingreso sea menor a 150% de la línea oficial de pobreza definida por la Oficina EUA de Administración y Presupuesto. Si elimina la tarifa original de presentación, la corte puede eximir todas las otras por el Capítulo 7 para un deudor individual.
Los costos de manejar estados insolventes que no generan suficientes fondos para cubrir costos y gastos son pagados de la asignación de la corte o sostenidos por síndicos privados, dependiendo de la naturaleza de los costos.
Impuesto
EUA no cobra un impuesto.
Productos y Servicios de Información
Los registros de quiebra de la corte están abiertos al público, pero actualmente no es obligación publicar afirmativamente información sobre insolvencia. Sin embargo, hacia el 1 de julio de 2008, las cortes de quiebra recolectarán estadísticas sobre deudores consumidores que buscan asistencia en la quiebra. El Director de las Oficinas de Administración hará disponibles las estadísticas para el público y las reportará anualmente, con un análisis, al Congreso. Las estadísticas serán categorizadas por tipo de procedimiento de quiebra ypresentadas en el agregado y por cada distrito judicial. Incluirán el total de activos del deudor y total de obligaciones por categoría; el ingreso y gastos reportados por los deudores; el monto agregado de deuda dada de alta; y el tiempo promedio para que los casos permanezcan abiertos.
El Director reportará información concerniente a los acuerdos de reafirmación, valoración de propiedades, el número de casos desestimado, el número de casos en los cuales los deudores completaron su reorganización o planes de pago, y el número de deudores presentando otro procedimiento de insolvencia dentro de seis años del primero. Finalmente, el Director reportará el número de casos en los cuales los abogados fueron sancionados por conducta inadecuada. Los Estados Unidos tienen responsabilidad estatutaria para proveer esta información. Esto también será proveído libre de pago y no hay restricciones que apliquen con respecto a redistribuir la información.
Tarifas o Ingresos por Otras Actividades o Servicios
No hay otras tarifas o ingresos recolectados de otras actividades o servicios.
Apéndices
Apéndice A – Cuestionario
La Asociación Internacional de Reguladores de Insolvencia (IAIR) acordó en su reunión anual de 2006 en Ciudad de México, comisionar un informe sobre ingresos y tarifas de usuarios. Para su terminación, la OSB apreciaría su participación en completar este cuestionario.
Visión General
1.- Por favor, describa brevemente el estatus legal de su organización, y sus relaciones con el gobierno.
2.- Por favor, procea una visión general de los arreglos de financiamiento de su organización. Por ejemplo, ¿su organización recibe fondos del Gobierno para todo o parte de sus actividades? ¿Cómo se determina este nivel de financiamiento? ¿Cuáles de sus actividades son financiadas de esta forma?
3.- Por favor, provea una visión general de las tarifas o impuestos que su organización cobra por actividades o servicios (usted tendrá una oportunidad de proveer detalles más específicos sobre retención de diferentes tipos de tarifas e impuestos más abajo). ¿Retienen Uds. todo o parte de estos ingresos?
Licenciamiento Profesional
4.- Si su organización licencia a profesionales del sector privado para administración de estados de insolvencia, por favor provea la siguiente información:
4a.-) Por favor, describa los procesos de licenciamiento.
4b.-) Por favor, describa los estándares de servicio para dicho proceso, si aplican.
4c.-) Si su organización cobra una tarifa de licenciamiento, por favor provea la siguiente información:
i.-) ¿Cómo es determinada la estructura de la tarifa de licenciamiento?
ii.-) ¿Para qué recuperación de costos han sido diseñadas las tarifas de licenciamiento?
iii.-) ¿Cuán frecuentemente la tarifa de licenciamiento es revisada?
iv.-) ¿Cuánto es la tarifa de licenciamiento?
v.-) ¿Su organización retiene esos ingresos? Si es así, ¿se usan para financiar actividades específicas?
[1] Más detalles sobre los acuerdos de recuperación de costos (incluida una detallada Evaluación del Impacto de Recuperación de Costos) está disponible en el sitio web de ITSA (www.itsa.gov.au).
[2] El Parlamento puede autorizar el establecimiento de financiamiento estatutario para solventar ciertos tipos de servicios y el Fondo Nacional de Seguro es uno de ellos. Este fondo también es usado para financiar el Servicio Nacional de Salud.
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