Discurso de Ministro Perez Yoma

El Estado que Chile necesita
Edmundo Pérez yoma
ministro del interior
icare, 8 de abril de 2008

El Estado que Chile necesita
1. SALUDO
2. INTRODUCCIÓN
Como muchos de ustedes saben, he dedicado buena parte de mi vida al servicio público, vocación que me fue inculcada muy especialmente por mi padre. Al mismo tiempo, he desarrollado también importantes actividades en el mundo privado, lo que me ha permitido ampliar mi perspectiva sobre los temas que atañen a la gestión del Estado.
Hoy, como Ministro del Interior quiero confesar mi enorme preocupación por los signos de fatiga que veo en el aparato estatal. En efecto, éste hoy ejecuta un presupuesto casi seis veces mayor al que se gestionaba al principio de los años noventa, básicamente con los mismos métodos, la misma tecnología y el mismo personal.
Este enorme esfuerzo, que ningún tipo de organización puede soportar sin una reestructuración muy grande, está produciendo ineficiencia y desorden que es necesario remediar.
Si bien podemos afirmar que el Estado chileno no es corrupto, sí corresponde hacerse cargo de que los síntomas que acabo de mencionar están produciendo, poco a poco, hechos que nos preocupan, no sólo como hombres y mujeres de gobierno, sino como demócratas que hemos hecho de la justicia y el bienestar de las personas, un principio rector de nuestras vida.
No soy muy amigo de la expresión “Reforma del Estado” -por cuanto a veces creo que la perspectiva de procesos de largo aliento nos paraliza para adoptar medidas concretas de inmediata ejecución- Por ello, creo que se debe compatibilizar las medidas de corto plazo con las de largo plazo de manera que estas últimas no posterguen la ejecución de las primeras. Pero en definitiva, querámoslo o no, lo que se necesita es una revolución en la gestión.
La modernización del Estado es también un tema difícil. Muchas veces supone asumir costos en el corto plazo, vencer resistencias e incomprensiones, a cambio de beneficios que no siempre se hacen evidentes de inmediato. La reforma requiere mirada y responsabilidad de futuro y, como veremos, requiere también de grandes acuerdos nacionales.
Es a lo que estoy invitando hoy en este lugar, a generar los acuerdos que sean necesarios para que emprendamos un camino irreversible que nos conduzca a tener un Estado que responda a los desafíos de hoy y de mañana. Hemos dado grandes saltos hacia la protección social y para que esos avances lleguen a todos y cada uno de los hijos de Chile, necesitamos con urgencia contar con un sistema público que esté a la altura.
3. AVANCES
No es el momento de una evaluación exhaustiva de los avances en modernización y reforma estatal. Sin embargo, malamente podríamos diagnosticar nuestras necesidades presentes si no somos capaces de afinar un diagnóstico de nuestra realidad, a partir de la combinación de los avances logrados y de los desafíos aún pendientes.
En ese sentido, quisiera brevemente pasar revista de lo que, a mi juicio, han sido los avances más relevantes:
3.1 En lo que atañe al recurso humano, es imposible no hacer referencia a la creación del Servicio Civil y del Consejo de la Alta Dirección Pública, donde el gobierno renunció a buena parte de la discrecionalidad para llenar cargos directivos, en la perspectiva de favorecer el reclutamiento de los mejores. En esta materia corresponde reconocer sin embargo, que no se ha avanzado todo lo que quisiéramos y por lo tanto, urge acelerar este proceso.
3.2 Del mismo modo, hemos avanzado decididamente en una mejor evaluación y control de la función pública. Basta con señalar la introducción y aplicación de mecanismos impulsados por la Dirección de Presupuestos, tales como los programas de mejoramiento de la gestión, los indicadores de desempeño, y los balances de gestión integral. Adicionalmente, y como parte de los acuerdos logrados en la discusión presupuestaria en el Parlamento, se han generalizado las evaluaciones independientes de los programas gubernamentales, más de 200 desde el año 97 a la fecha, y se ha puesto en marcha el sistema de evaluación, en profundidad, de los programas públicos más relevantes.
Como consecuencia de evaluaciones externas, los gobiernos han confirmado, revisado, e incluso eliminado programas públicos. En efecto, y aunque muchas veces estas cosas no se saben, el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Presupuestos, ha puesto término a varios programas y políticas públicas que fueron evaluados negativamente. Tal es el caso, por ejemplo, de un programa de capacitación a la PYME por parte del SENCE., el que ha sido reemplazado por otros instrumentos más eficaces. Sólo el año pasado, tres programas fueron cerrados.
3.3 En lo que se refiere a transparencia, los avances son sustantivos y variados. Las reformas legales de los últimos años han permitido ampliar las figuras delictivas por hechos corruptos y aumentar sus penas. Se estableció la obligación a los altos funcionarios públicos para que declaren su patrimonio, se reguló adecuadamente la transición laboral desde un cargo público regulador o fiscalizador al mundo privado, y se han dictado normas para proteger a los denunciantes de hechos corruptos.
Incluso, se han elevado a rango constitucional, como una de las bases de nuestra institucionalidad los principios de probidad y transparencia en la función pública.
Con todo, la reforma más importante está muy cerca de ponerse en práctica. Me refiero a la ley de transparencia y acceso a la información pública. En las próximas semanas la Presidenta deberá enviar al Senado para su aprobación una propuesta con los 4 nombres de los consejeros que tendrán por misión legal promover la llamada transparencia activa, esto es, la difusión regular y permanente a la ciudadanía del conjunto de información relevante sobre la función pública: funciones, recursos, transferencias a terceros, personal, forma de acceder a beneficios etc.
Adicionalmente, el Consejo oficiará como una especie de tribunal que resolverá en primera instancia los conflictos que se susciten entre las personas que soliciten acceso a la información que obra en poder del Estado, cuando se niegue inicialmente tal requerimiento. En forma expedita, y velando por la supremacía del principio de transparencia, el Consejo deberá resolver y solo podrá confirmar la negativa de la Administración cuando ella efectivamente se funde en algunas de las causales taxativas que define la ley.
3.4 En la historia de éxitos de saltos innovadores en gestión pública y transparencia, pocos logros resultan más trascendentes que el sistema de compras y contratación pública digital inaugurada en Chile en 2003. Chile Compra se ha transformado en un ejemplo notable de gestión de una nueva institución que abre futuro y combina transparencia con eficiencia pública.
El año 2007 se transaron en el mercado electrónico público US$ 4.458 millones, un 29% más que el año 2006, llegando a niveles equivalentes al 15% del presupuesto del sector público. Las cifras agregadas muestran también que ChileCompra se ha transformado en un mercado que iguala significativamente las oportunidades para los proveedores.
De hecho, el año pasado cerca de 45.000 proveedores contrataron con el Estado. Un 89% de ellos correspondió a micro y pequeñas empresas que son responsables también del 35% del volumen de negocios, con más de 1.500 millones de dólares de ventas al Estado. Si a ello se suman las empresas medianas, más del 52% del monto de los contratos corresponde al segmento de las empresas de menor tamaño. Esta cifra corresponde casi al doble de la participación de este segmento de empresas en el mercado no estatal.
3.5 En materia de gestión presupuestaria, el riguroso respeto de la regla del superávit estructural, ahora definido en el 0,5% del PIB, unido a los significativos superávit fiscales efectivos de los últimos años, han permitido a Chile ubicarse en los primeros lugares del mundo en manejo macroeconómico y mejorar su clasificación de riesgo a su mejor nivel histórico y, con largueza, en la mejor posición regional.
La ley de responsabilidad fiscal que ha formalizado e institucionalizado esta práctica fue aprobada en 2006 con la casi unanimidad de los parlamentarios, lo que revela el apoyo transversal que la seriedad presupuestaria recibe de nuestra clase política.
3.6 Pero sin duda son los propios ciudadanos quienes han percibido con mayor nitidez algunos cambios. El liderazgo de algunos emprendedores públicos, ha permitido que algunos servicios exhiban desempeños de excelencia. Lo realizado en el SII, Aduanas, algunas superintendencias, etc., demuestra que una buena gestión puede hacer cambios notables. Nuestro desafío es generalizar estos casos y transformarlos en una regla universal. La modernización de la gestión debe dejar de ser la consecuencia de liderazgos aislados y ser el mandato inescapable de un Estado comprometido en servir a los ciudadanos de la mejor manera posible.
4. DÓNDE ESTAMOS HOY
4.1 Los avances logrados nos colocan a las puertas de otro proceso de reforma del Estado: aquel que supone pasar desde la optimización de un Estado del Siglo XX a la construcción gradual pero sostenida del Estado que necesitamos para el Siglo XXI. Pero ¿Cuál es la real situación del Estado Chile? ¿En qué indicadores internacionales relevantes y objetivos podemos mirar nuestra situación relativa en el contexto regional y mundial?
4.2 Veamos qué dicen algunas de las mediciones más utilizadas internacionalmente. En el índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial 2007-2008, Chile ocupa el lugar 27, siendo el país latinoamericano mejor ubicado, seguido por México en el lugar 52° y superando a países como España y República Checa. En el índice de Percepción de la Corrupción, Transparencia Internacional 2007, Chile está en el lugar número 22 del mundo, en una posición equivalente a Estados Unidos, superior a España y lejos el mejor de América Latina. En el Anuario de Competitividad Mundial 2007, del IMD, Chile se ubica en el lugar 26° entre 55 países analizados, superando a países como India, Francia, Corea y España. Podría seguir citando cifras, como las de Gobernabilidad Internacional del Banco Mundial o el índice de Disponibilidad de Sistemas Computacionales 2007 del Foro Económico Mundial. Lo que me interesa recalcar es que el Estado de Chile funciona. No tan bien como quisiéramos, pero sí mucho mejor de lo que livianamente algunos creen.
5. EL DESAFÍO: UN MEJOR CLIMA PARA UN NUEVO ACUERDO PAÍS
El buen desempeño del Estado no puede ser entendido como una razón para cuestionar la necesidad de seguir avanzando.
5.1 No pertenecemos al sector político que ve en el Estado una amenaza y aspira siempre a reducir per se su tamaño e influencia social. No somos los que solemos descalificar a los funcionarios públicos, generalizando acusaciones de corrupción o mediocridad. Precisamente porque creemos en el Estado, y en su rol promotor del bien común, del desarrollo y de la protección social, es que necesitamos un mejor Estado, más ágil y con menos grasa para cumplir esas tarea. Sabemos que, finalmente, el Estado es el llamado a corregir las desigualdades que la sociedad genera.
5.2 Las políticas públicas actuales y su previsible evolución futura requieren de un Estado capaz de elaborarlas y ejecutarlas bajo escenarios cambiantes lo que hace prioritaria la renovación del sector público. Permítanme señalar por donde veo algunos caminos:
Requerimos superar la mirada sectorial y compartimentada de ministerios y organismo, para avanzar hacia la generación de políticas públicas transversales. En efecto, la complejidad y transversalidad de las políticas públicas poco coincide con la estructura tradicional de nuestro Estado enfocado hacia sectores específicos que se relacionan muy poco entre sí.
La pregunta relevante es ¿cómo gestionar hoy de modo coherente y eficaz políticas públicas tan trascendentes y disímiles, como la logística, la innovación, el fomento productivo, la política de turismo, la protección social, la calidad de vida de las ciudades, etc.? El desarrollo de una coordinación interministerial es aún débil e incipiente en Chile. De hecho, carecemos de una institucionalidad que la propicie.
También debemos contribuir a una relación más moderna y de calidad entre el sector público y el privado. Cuando hablamos de innovación, promoción de la imagen país, capacitación laboral y la optimización de las oportunidades brindadas por los tratados de libre comercio, entre otros, nos referimos a una nueva dimensión de la función pública: la de articular esfuerzos de largo plazo con el sector privado.
Pero esto es posible sólo en la medida que contemos con un Estado capaz de sostener políticas de largo plazo. Chile cuenta con períodos de gobiernos cortos, pero necesita políticas de amplio apoyo transversal que se proyecten de modo consistente en el tiempo. El Estado del futuro deberá ser capaz de discutir y consensuar políticas estratégicas para el desarrollo de Chile que no pueden permitirse revisiones y cambios de orientación cada vez que cambia el gobierno.
Hemos reconocido en el pasado que ciertas políticas son de Estado y no de gobierno, como la política Exterior y de Defensa, y que por ello requieren de apoyos transversales, exclusión de la política partidista e, incluso, de órganos constitucionales autónomos para llevarlas a cabo, como en el caso del Banco Central y la política monetaria.
La capacidad de construir políticas transversales y de aplicarlas de modo perseverante por períodos de tiempo que trascienden a los gobiernos es una destreza más bien escasa y excepcional en el Estado de Chile que debemos desarrollar con fuerza en el futuro.
En cuanto al personal del sector público, ¿por qué no podemos tener siempre a los mejores profesionales a cargo del servicio público? ¿Acaso no merecen los más pobres, quienes más se benefician de los servicios públicos y de la acción estatal, que sean los mejores quienes se encarguen de sus asuntos? La complejidad de las políticas, de la administración moderna y de las coordinaciones intersectoriales requieren gerentes públicos de excelencia.
Por ello debemos ser capaces de ofrecer remuneraciones competitivas para atraer a los mejores para el servicio de todos. Mucho pierde Chile cuando eso no ocurre. Sabemos que el desafío aquí es más político que financiero y para resolverlo debemos ser capaces de demostrar que, en estos casos, lo barato puede costar muy caro.
Pero a un profesional bien pagado se le exige un rendimiento equivalente. Hemos reconocido los avances del pasado en relación a la medición y control de la gestión pública. Sin embargo, mucho queda por avanzar para instalar definitivamente la orientación a resultados como el principio rector del sector público. La cultura del pasado, no del todo erradicada, pone el eje en el cumplimiento de procedimientos y el control del gasto, y se preocupa menos de la consecución de logros y productos. Es así como, propongo profundizar los estímulos concretos para un Estado orientado a resultados. En particular, me parece que los organismos que regularmente consigan cumplir sus metas debieran ser acreditados formalmente y pasar a un régimen administrativo mucho más flexible. Así, quien demuestre que hace bien su trabajo, tendrá la flexibilidad administrativa y presupuestaria para hacerlo aún mejor.
Este sistema de acreditación de logros no sólo premiará a quienes hacen bien su tarea, sino que generará un cierto efecto de demostración y comparación que ayudará a que otros organismos se esfuercen por adquirir la acreditación correspondiente. Una precondición para el éxito de estas reformas es la construcción de metas e indicadores inteligentes, que midan lo esencial y no se presten para manipulaciones.
En materia de control externo, en los próximos años resultará imprescindible revisar las atribuciones de la Contraloría. El año pasado, la Contraloría realizó más de 250.000 trámites de toma de razón. ¡Sí, más de 250.000! Esto significa casi 1000 trámites por día hábil. Estos controles formales y previos de legalidad ofrecen muy discutibles beneficios si se ponderan sus costos. Debido a lo anterior, la Comisión Asesora Presidencial en materia de probidad administrativa, recomendó unánimemente una reforma radical a las funciones de la Contraloría que permitiera pasar de un control previo y formal a un sistema de control más profundo, aleatorio y ex post, que permitiera mejorar y focalizar el control, como también agilizar la operación del Estado.
Por último, es urgente avanzar hacia un Estado más descentralizado y eficaz. No obstante lo progresado con la creación de nuevas regiones, el proyecto de ley que permite la elección directa de consejeros regionales, la creciente importancia del Fondo Nacional de Desarrollo Regional o la creación de las Agencias Regionales de Desarrollo Productivo, es innegable que la descentralización y transferencias de competencias administrativas a las regiones está aún a medio camino.
Pensar que delegar más facultades y atribuciones a nuestros actores regionales redundaría en una pérdida de control, político, presupuestario y administrativo, es tan absurdo como miope. Chile debe avanzar hacia crecientes grados de descentralización y transferencias de competencias hacia sus regiones y ello debe ser acompañado de un formidable esfuerzo por capacitar y atraer los mejores talentos al servicio de la conducción de los gobiernos regionales. Buenas becas y programas de capacitación para los profesionales que se desempeñen en los gobiernos regionales debiesen ser prioritarias.
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5.3 No soy experto en procesos de reforma del Estado, ni creo que en esta materia sea responsable improvisar o pretender definir de antemano los contenidos de la reforma que debiéramos abordar. Es más, ésta debe resultar de un acuerdo nacional amplio, por lo que su contenido debe acoger propuestas de variados sectores. Sin embargo, y por todo lo que antes he señalado, ha llegado el momento de proponer:
5.3.1 Quiero comenzar con aquellas medidas que, a mi juicio, son de mediano plazo:
Apoyo la creación de la agencia de calidad de las políticas públicas. Esta materia fue propuesta por la Comisión Asesora Presidencial en materia de transparencia y probidad que elevó recomendaciones a la Presidenta de la República a fines del año 2006. Se trata de contar permanentemente en el Estado con un equipo de expertos y profesionales en diversas áreas de políticas públicas, de carácter independiente y que esté conformado por los mejores cuadros de diversas sensibilidades políticas y cuyo fin sea evaluar el funcionamiento de las políticas públicas vigentes y sugerir reformas.
Contar con un órgano de este tipo de excelencia y pluralidad en su conformación que ofrezca una mirada técnica, fundada e imparcial sobre las políticas públicas actuales y que además contribuya con una mirada prospectiva respecto de cómo abordar los desafíos futuros, puede ayudar a contar con un Estado más inteligente.
Entretanto, la evaluación de programas y políticas públicas por parte de la Dirección de Presupuestos se seguirá masificando. Quiero entonces decirlo de manera fuerte y clara: se va a poner término a cualquier programa que resulte mal evaluado en forma consecutiva.
Asimismo, debemos profundizar el sistema de la Alta Dirección pública y adecuación de remuneraciones para garantizar reclutamiento de gestores públicos de excelencia. Requerimos de más directivos públicos reclutados a través de concursos abiertos, técnicos y rigurosos. Debemos hacernos cargo, sin embargo, que no siempre las remuneraciones ofrecidas para los cargos directivos públicos consiguen atraer los profesionales que quisiéramos. Con más frecuencia de lo aceptable, los cargos se declaran desiertos. Es tiempo entonces, de pensar y resolver con coraje político la cuestión de las remuneraciones públicas para cargos claves. Hoy por hoy, el Ministerio de Hacienda impulsa una iniciativa legal que eleva el techo a las remuneraciones de los altos directivos públicos y, en su tramitación, estamos llanos a recibir más aportes y sugerencias.
En el campo de las nuevas alianzas público-privadas para abordar temas país, es indispensable contar con una institucionalidad adecuada que pueda cumplir con tan importante objetivo. En este sentido, me inclino por la idea de más y mejores corporaciones público-privadas, de estructura mixta, funcionamiento transparente, metas claras y flexibilidad administrativa para abordar los desafíos que nuestro futuro exige
Un capítulo que no puedo dejar de mencionar es la necesidad de agilizar varias iniciativas que actualmente se encuentran en el Congreso: la reforma de tribunales Tributarios y Aduaneros, el fortalecimiento del Tribunal de la Libre Competencia y Fiscalía Nacional Económica, el nuevo estatuto Pyme, la reforma a la estructura corporativa de Codelco, el perfeccionamiento de ChileCompras y la nueva institucionalidad del Fondo de Innovación para la Competitividad. Nuestro compromiso exige señales claras en torno a la celeridad y urgencia de dichas iniciativas.
La puesta en marcha durante este año de la ley de transparencia y acceso a la información pública dejará atrás los vestigios de opacidad permitiendo que la transparencia sea el principio rector de la función pública. Un Estado más transparente es un mejor Estado: más probo, desde luego, pero más eficiente también, porque el control social motiva el esfuerzo por mostrarse a la sociedad de la mejor manera. Este Gobierno está comprometido a apoyar radicalmente la instalación del Consejo de la Transparencia, respaldando toda iniciativa que conduzca a transparentar cada rincón del Estado. Nuestra responsabilidad es hacer todo lo necesario para que la ley conlleve un cambio de cultura y de conductas. En eso, me siento personalmente muy comprometido. Queremos solicitar a todos los sectores políticos que concurran a la pronta discusión y tramitación del proyecto de ley que establece una nueva auditoría interna de gobierno, con más facultades y atribuciones, que permitirá detectar y corregir aquellas malas prácticas que siempre se dan en toda organización humana.
5.3.2 Decía al comienzo, que soy un hombre práctico, al que le gusta también ver los resultados de su esfuerzo. Si eso es válido para mi, también lo es para el gobierno del que soy parte. Al corto plazo, aquí y ahora, comenzaremos con lo siguiente:
En el Ministerio de Educación crearemos una gerencia de subvenciones. Su misión es que durante el 2° semestre del año todo el sistema de subvenciones se encuentre 100% computarizado.
Respecto de este punto, me parece que ya va siendo hora que impulsemos de manera decidida la tercerización de funciones que puede cumplir en forma mucho más eficiente el sector privado.
De hecho, en el caso de las subvenciones, no vemos por qué el trabajo de back office del pago de las subvenciones no lo realizan entidades financieras o servicios de gestión, que con una fiscalización apropiada, se preocuparán de informar al Estado de cada movimiento y destino de eso recursos.
Existen muchas áreas del Estado que se encuentran en la misma situación y que con toda seguridad podrían ser provistas por empresas externas.
En el ámbito de la inversión pública, el Gobierno de su excelencia la Presidenta de la República Michelle Bachelet, se llevarán adelantes 3 iniciativas destinadas a apoyar una mejor gestión de inversiones:
En el Ministerio de Salud la inversión creció este año en un 22% real; ello obliga reforzar con más profesionales que mejoren la gestión y monitoreen la inversión en el sector. Así, se mejorarán los procesos de identificación de proyectos, de adjudicación de obras y aumentará la ejecución de la cartera de inversión hospitalaria y en la atención primaria.

También impulsaremos medidas para agilizar las inversiones en el Fondo de Desarrollo Regional. Se autorizará la contratación de 30 profesionales para los gobiernos regionales, para que atiendan con celeridad las necesidades de revisión de los proyectos y proporcionen asistencia técnica a los formuladores.

En el Ministerio de Vivienda y Urbanismo hay 73 proyectos que queremos agilizar este primer semestre. Asignaremos, al menos, un abogado, dos arquitectos, oficinas y equipos móviles a cada territorio, que aseguren el cumplimiento de esta meta.

El tema de la atención a los ciudadanos es una cuestión que no podemos descuidar. De esta forma, y orientado en una primera fase a la atención de clientes en las instituciones públicas que se relacionan con las Pymes y empresas exportadoras (como SAG, Aduanas, SII, Sercotec) incorporaremos mayor tecnología de información, con la posibilidad de que un número mayor de trámites se realicen vía Internet, con más agilidad y transparencia en la relación de los organismos públicos con el sector privado.
Consecuentemente, hemos tomado la decisión de modernizar los gobiernos corporativos de las empresas públicas. Para ello, acabamos de ingresar un proyecto de ley que busca aumentar la transparencia e incrementar su calidad de gestión y supervisión. Sólo a modo de ejemplo. Asimilaremos los directorios de las empresas del Estado a los estándares más altos aplicables en Chile, elevando los requisitos destinados a garantizar la probidad de los directores, así como sus calificaciones académicas y de experiencia pertinente para desempeñar tal rol; a lo que se agregará la posibilidad de nombrar directores independientes.
Modernizaremos el Consejo del SEP y también haremos cambios profundos a su composición. Aprobada dicha iniciativa, las empresas públicas, entre otras exigencias, tendrán balances y estados financieros auditados por empresas independientes, y regirán para los directores y ejecutivos superiores de estas empresas las normas más estrictas de probidad.
Por último, recordarán ustedes que en las primeras declaraciones que efectué como Ministro del Interior, el tema de la descentralización y la desconcentración eran una de mis prioridades. Sobre esto quiero plantear dos iniciativas muy concretas:
Primero, requerimos de mayor eficiencia en la administración municipal. Pese a que se han triplicado los recursos, los municipios no tienen la autonomía para organizar su gestión atendiendo las particularidades de cada comuna. Se requiere darle a los Municipios herramientas que les permitan contar con estructuras internas y recursos humanos acordes a los mayores desafíos que han asumido y esperamos asuman en un futuro cercano. ¿Cómo es posible hacer una efectiva descentralización, si no se le da a los alcaldes el poder y los recursos necesarios para llevar adelante sus programas de desarrollo local?

Para cumplir con ese objetivo, debemos saldar una deuda pendiente, que se resumen en la aprobación, de una vez por todas, del proyecto de ley que permite regular el artículo 121 de la Constitución, y que entrega facultades a los municipios para definir sus propias estructuras organizacionales, adecuar sus dotaciones de personal y establecer sus remuneraciones.
Segundo, y como consecuencia de mi propia experiencia en regiones, estoy convencido de que se requiere capacitar y calificar de la mejor manera al recurso humano que dispone el Estado en todos los rincones del país. Para ello, implementaremos un programa nacional de becas para los distintos funcionarios públicos de regiones, haciendo especial énfasis en los incentivos para que los mejores cuadros de nuestra capital puedan desplazarse a los diferentes lugares del país. Esto, sin duda, redundará en más eficiencia en la gestión y también dotará de más dignidad al servicio público que se realiza fuera del área metropolitana.

5.4 Pocas de estas cosas podrán ser realidad, si no modificamos el clima de beligerancia que actualmente domina nuestro debate público. Este es un tema que no tolera el sacar pequeñas ventajas políticas. Habrá que pagar costos en los inicios, ser generosos con los aportes e ideas de los demás, pero el protagonismo del gobierno, cualquiera este sea, es indispensable para garantizar su éxito
Propongo entonces un “Acuerdo nacional para un mejor Estado”, que se oriente justamente afrontar en forma transversal y sin oportunismos políticos, las resistencias al cambio que en todo proceso suelen emerger. Pero así como un acuerdo ayuda a compartir costos y vencer resistencias, también permitirá compartir los éxitos que resulten de un proceso que beneficia a todos, y especialmente a quienes más necesitan de la acción estatal.
Esta propuesta, es por tanto, también una invitación a todas las fuerzas políticas para unirse en torno a un proyecto común. Técnicos y profesionales de todos los sectores debiesen concurrir al diseño fino de esta iniciativa. No debiera ser difícil acordar el conjunto de reformas necesarias y establecer un calendario gradual de implementación. Las que acabo de señalar son mis modestas ideas, pero estamos ansiosos de poder escuchar las de los demás.
Quiero insistir una vez más. La calidad de las políticas públicas del mañana depende, en parte, de la calidad de las políticas de hoy; en efecto, una política de calidad es capaz de provocar acuerdos estratégicos para adecuar el instrumento estatal a los desafíos del mañana.
La modernización del Estado es una oportunidad para que los políticos demostremos al país, que más allá de las diferencias, es necesario y posible llegar a los grandes consensos que Chile necesita. Requerimos de la ayuda de todos. En ese contexto, el aporte, ideas y apoyo del sector privado sigue siendo una pieza fundamental para el éxito de nuestros propósitos.
Si al menos logramos avanzar y concretar los aspectos más esenciales de lo que propuse aquí, estoy seguro que podremos contar con un mejor Estado, para que gran parte del esfuerzo social que se hace bajo el liderazgo de la Presidenta, llegue a la mayoría de las chilenas y chilenos.
Nuevamente, y como señalé al principio, estoy convencido de que la eficiencia es un imperativo ético de la política.
Para eso estoy aquí, porque este esfuerzo vale la pena y por ese ideal seguiré luchando con todas mis fuerzas.
Muchas gracias.